Los cambios ofrecerán mayores garantías de que no se invadirán competencias del Poder Judicial y que "protegerá el honor"
BILBAO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de Derechos Humanos, Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha afirmado que la Ley de víctimas de abusos policiales "no va a buscar culpables ni a esclarecer hechos", sino que pretende reconocer y reparar a los damnificados.
El representante del Ejecutivo Vasco se ha referido, de esta forma, al acuerdo alcanzado con el Gobierno central por el que éste anunciará en breve la retirada del recurso interpuesto contra la norma por el gabinete de Mariano Rajoy, tras consensuar algunos cambios en la Ley.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Fernández ha señalado que "lo fundamental es que se abre camino a un objetivo" que el Ejecutivo de Urkullu tenía "marcado como algo estratégico para la convivencia".
"Vamos a poder reconocer y reparar a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Todavía no podemos decir que el camino esté absolutamente despejado, pero superamos un obstáculo importante con este acuerdos", ha aseverado.
En cuanto a los cambios que se van a hacer en la norma, ha apuntado que éstos están "tasados y señalados", y abundan en "ofrecer mayores garantías desde el punto de vista jurídico institucional de que la Ley no tiene como pretensión invadir competencias del Poder Judicial" y, por otra, "se va a reforzar también la idea de que la actividad de la comisión de valoración de esta Ley se haga siempre salvaguardando la protección al honor, la intimidad y la protección de datos".
"Son aspectos que están contemplados ya en la propia Ley. Sin embargo, en el recurso interpuesto por el anterior Gobierno, se planteaban precauciones y prevenciones sobre una aplicación distorsionada de lo que dice la Ley. Para superar este tipo de cautelas, se realiza una serie de modificaciones, principalmente terminológicas, que dejan más claro cada día que la Ley nunca tuvo y no va a tener el objetivo de buscar culpables o esclarecer hechos", ha manifestado.
En este sentido, ha aclarado que "ninguna Ley de apoyo a víctimas, sean éstas de violencia de género o de cualquier otro tipo, que lo pretende es reconocer y reparar a las víctimas desde un punto administrativo, puede plantearse investigar quiénes son los culpables o cuáles son exactamente los hechos".
A su juicio, "esto desborda sus capacidades y sus competencias". "De lo que se trata con esta Ley, es de decir que aquí hay una víctima de vulneración de derechos humanos, hay datos que permiten constatar que sufrió lesiones o que fue asesinada o que surgió cualquier tipo de coste para su vida y su integridad física y moral, y eso merece un reconocimiento y una reparación". "Ésa es la misión que tenía la Ley cuando fue diseñada y es la que va a tener ahora", ha dicho.
Jonan Fernández ha insistido en que lo que se va a hacer ahora "es clarificar aún más las garantías constitucionales y jurídicas del propio sentido de la Ley".
"La Comisión de Valoración se constituyó hace unas semanas y retomará sus trabajos en septiembre para retomar su trabajo. Este momento es fundamental porque, hasta ahora, la Ley estaba suspendida en algunos de sus artículos y, si se alcanza este acuerdo y se produce el desistimiento del recurso, y de esa manera, la Ley deja de estar suspendida en algunos de sus artículos, la capacidad de trabajo de la Comisión será sin limitaciones dentro de lo que establece la propia Ley", ha manifestado.
El secretario de Derechos Humanos, Paz y Convivencia se ha referido al hecho de que el Parlamento Vasco tenga que analizar esta cuestión y ha dicho que "hay que ser muy respetuosos con los grupos parlamentarios". "Lo que hemos hecho es informar de cómo se estaban dando los diálogos con el Gobierno español para tratar de cerrar este acuerdo, en qué punto estaba, y a la vuelta del verano, en cuanto se reúna la actividad parlamentaria, debemos hablar con todos los partidos parlamentarios para ver cómo podemos dar forma a estas modificaciones", ha indicado.
RECURSO DEL SUP
Ante el nuevo recurso a la Ley que ha anunciado que interpondrá el
Sindicato Unificado de la Policía (SUP), Fernández ha apuntado que la capacidad de personarse en este proceso en este momento "está limitada" y cree que se podrá "seguir avanzando".
"En todo caso, no cejaremos en el empeño de relacionarnos con cualquier asociación y entidad de cualquier tipo, ya sea un sindicato policial o una asociación de víctimas, que si entiende que detrás de esta Ley hay intenciones poco claras, nosotros vamos a estar dispuestos desde el Gobierno Vasco a reunirnos, entrevistarnos y ofrecer cuantas aclaraciones sean necesarias para explicar algo muy sencillo", ha apuntado.
En esta línea, ha subrayado que, "cuando ha habido una víctima de vulneración de derechos humanos por cualquier causa, esa víctima merece que su caso sea reconocido y reparado". "Simplemente se trata de esto y de nada más", ha asegurado.
DIÁLOGO ENTRE GOBIERNOS
A su juicio, "lo que ha ocurrido ahora con el Gobierno español (el acuerdo)", no hay que situarlo como "algo excepcional, aunque lo parezca, sino dentro de la normalidad de las relaciones políticas e institucionales". "Lo que ha ocurrido es que ha habido un diálogo para aclarar, para explicar y ese diálogo ha dado lugar a un entendimiento para avanzar", ha apuntado.
Fernández ha precisado que "de esto se trata la política y las relaciones institucionales, de dialogar con franqueza y claridad, aclarar los problemas que pudiera haber, ajustar los términos en aquello que sea necesario y continuar avanzando hacia adelante".
"Esto es lo que hemos hecho y, lo mismo que lo hemos hecho con el Gobierno español, estaremos dispuestos a hacerlo con cualquier asociación o entidad que tenga cualquier recelo respecto a esta Ley", ha concluido.
