BILBAO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un millar de afectados vascos por los casos Forum y Afinsa acudirán este próximo sábado a la macromanifestación que tendrá lugar en Madrid para reclamar una solución a su situación y homenajear a los más de 2.000 compañeros fallecidos desde el 9 de mayo de 2006, fecha de las intervenciones de ambas empresas.
Según informaron hoy desde las plataformas vascas de perjudicados por la liquidación de estas dos empresas intervenidas aglutinadas entorno a la CEAFFA (Coordinadora de Afectados de Fórum y Afinsa) en un comunicado, se han completado ya diez autobuses y son numerosos los afectados que han confirmado que acudirán a la manifestación en sus propios vehículos o a través de otros medios de transporte.
Las plataformas independientes de afectados de Forum y Afinsa convocantes y que agrupan a 160.000 de las 460.000 familias perjudicadas por las intervenciones de ambas empresas tienen previsto congregar en Madrid a un total de 120.000 personas, lo que convertiría esta protesta en la "más numerosa realizada hasta la fecha por los perjudicados de Forum y Afinsa".
La subdelegación del Gobierno en Madrid ha autorizado la manifestación que saldrá a las cuatro y media de la tarde del sábado de Plaza Moncloa para atravesar la calle Princesa y concluir en la Plaza de España. Los asistentes portarán velas e irán vestidos de negro, ya que tras la manifestación está prevista una misa en una iglesia próxima por los más de 2.000 afectados fallecidos desde que tuvieron lugar las intervenciones en mayo de 2006.
"En muchos casos la tensión que supuso perder sus ahorros aceleró sus dolencias y un número importante de afectados sufrieron cardiopatías, entre ellos el responsable de una de las asociaciones vascas de afectados que falleció el mes pasado", manifestaron.
El eslogan escogido para la marcha será "460.000 afectados de Fórum y Afinsa. Justicia y Solución Ya. Estado Negligente: 1979-2006". Con esta macromanifestación los organizadores pretenden hacer llegar a la sociedad la "grave" situación a la que se han visto abocados con la intervención y exigirán al Estado que "asuma su responsabilidad por no haber controlado el sector de bienes tangibles que funcionó sin cortapisas durante 27 años y cuya actividad fue publicitada, incluso, por los poderes públicos".
Los afectados consideran que el proceso de liquidación de las empresas está "dirigido", ya que en su opinión los acreedores "no tienen presencia en la administración concursal, tal y como marca la ley, y a fecha de hoy los jueces de lo mercantil ni siquiera han solicitado una peritación de los sellos que en su día adquirieron".
Asimismo, las asociaciones independientes, que aglutinan a la mayor parte de los afectados, temen que la liquidación de ambas empresas se haga a la baja como en el caso Rumasa, "beneficiando a personas próximas al poder político y haciendo así más gravoso al Estado el pago de las compensaciones que a través de la figura de la responsabilidad patrimonial están seguros que fijará la justicia".
