El PNV pide al Ayuntamiento de Vitoria que se niegue a secundar la directiva de retorno de inmigrantes sin papeles

Actualizado: jueves, 20 noviembre 2008 20:14

VITORIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PNV anunció que solicitará mañana al Pleno del Ayuntamiento de Vitoria que se niegue a secundar la directiva del Parlamento Europeo sobre el retorno de inmigrantes sin papeles a sus países de origen.

En un comunicado, el grupo jeltzale consideró que esta normativa "penaliza y criminaliza a un colectivo de personas, cuyo único delito es llamar a la puerta de los países más desarrollados en busca de empleo y unas condiciones de vida dignas a las que también tienen derecho".

En su defensa de la moción, la concejala Nerea Melgosa explicará que, a juicio del PNV, la directiva aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 18 de junio "constituye una vulneración grave de los derechos humanos fundamentales".

Los nacionalistas consideran que "la Unión Europea se ha sumado a las corrientes de opinión y actuaciones más regresivas en política de inmigración, promovidas por quienes pretenden tratar como si fueran delincuentes a quienes no han cometido más delito que tener que abandonar sus países de origen con la aspiración de poder acceder a un futuro mejor".

El PNV pedirá mañana en su moción que el Ayuntamiento solicite a las instituciones vascas, las formaciones políticas y al conjunto de la ciudadanía la creación de grupos de trabajo para minimizar las consecuencias de la aplicación de la citada directiva y que hagan pública su negativa a secundarla.

"La directiva abre la vía a decisiones administrativas sin control judicial, que sientan un grave precedente en el camino hacia la igualdad y crea una categoría de seres humanos aún más vulnerables ya que, por ejemplo, posibilita la retención de personas inmigrantes sin papeles durante un máximo de 18 meses", denunciaron.

Asimismo, Melgosa propondrá que el Pleno inste a los países miembros de la Unión Europea a que reconsideren el contenido de la directiva.

"Mientras Euskadi no pueda regular por sí misma el derecho de residencia, nacionalidad y ciudadanía, el Gobierno español debe pactar la política de inmigración con las comunidades autónomas, aplicando a este colectivo los mismos criterios, trato y consideración que el pueblo vasco recibió que en décadas pasadas cuando tuvo que emigrar por razones políticas o económicas", concluyó.