18 de febrero de 2020
2 de octubre de 2014

PSE pide un plan de protección del comercio histórico de Euskadi y un nuevo régimen transitorio para las rentas antiguas

PSE pide un plan de protección del comercio histórico de Euskadi y un nuevo régimen transitorio para las rentas antiguas
EUROPA PRESS

BILBAO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE ha requerido al Gobierno vasco para que, en colaboración con las diputaciones forales, ayuntamientos y agentes sociales implicados, elabore en el plazo máximo de tres meses un plan de protección integral del patrimonio comercial histórico, "que ponga en marcha acciones en defensa de la actividad comercial y ayude a la conservación del paisaje comercial urbano".

Asimismo, en una iniciativa que ha registrado en el Parlamento vasco, y que trasladará al resto de instituciones, insta al Gobierno de España a modificar con carácter de urgencia la Disposición Tercera de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, incluyendo medidas de apoyo a la actividad de locales de negocio de renta antigua.

En particular, los Socialistas Vascos consideran necesario introducir un nuevo régimen transitorio, con efectos a 1 de enero de 2015, para facilitar la continuidad, prórroga o subrogación de la actividad comercial de los contratos a los que se refiere la norma. Además, demandan al Gobierno de España la apertura de una línea de crédito ICO para el traslado, reforma y adaptación de locales para los comercios afectados.

Según recuerdan, la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 impuso una moratoria para la finalización de los contratos de locales arrendados bajo la vigencia de la ley de arrendamientos de 1964 (reformada por el Real Decreto-Ley 2/1985), por un plazo de veinte años a contar desde la entrada en vigor de la actual ley, con algunas excepciones muy tasadas.

El próximo día 1 de enero de 2015 se cumple ese plazo, lo que supondrá la finalización de la mayoría de estos contratos de arrendamiento de locales de negocio, y con ello, "cientos de empresas y comercios consolidados de nuestras ciudades y pueblos, se verán forzados a negociar un nuevo contrato de alquiler con un probable incremento de renta, lo que para muchos, dado el actual contexto de crisis económica, dificultades de financiación, y caída del consumo, podría suponer la puntilla final que aboque al cierre definitivo de estos establecimientos", advierte PSE.

Según el último observatorio de Ikusmer, indican los socialistas, un 8% de los comercios de Euskadi (más de 12.700 empresas), están regidos por un contrato de arrendamiento anterior a 1985, es decir, se encuentran bajo esta moratoria legal, a punto de finalizar.

Por lo tanto, el PSE-EE estima que "no estamos únicamente ante un problema tan sólo económico, sino también social y urbanístico, ya que el cierre masivo de empresas localizadas, en buena medida, en los centros históricos de nuestros municipios, podría desembocar en graves problemas de desertización y degradación urbanística histórico que ponga en marcha acciones en defensa de la actividad comercial y ayude a la conservación del paisaje comercial urbano".

Los Socialistas Vascos entienden que "el escenario al que nos conduce la supresión de la prórroga en aquellos contratos de arrendamiento, adquiere una dimensión tal que requiere la inmediata actuación de las instituciones para garantizar que la transición de un modelo a otro se produzca, en cualquier caso, en las condiciones más favorables para la supervivencia del tejido empresarial y, especialmente, del comercio de calidad y de proximidad, del pequeño comercio con personalidad propia".

En ese sentido, insisten en que "un cambio brusco de las reglas del juego en los alquileres existentes, de las características del anunciado, daría vía libre a la práctica extinción de los comercios más significativos, entrañables y diferenciados de nuestros municipios, en exclusivo beneficio de grandes cadenas y multinacionales".

Tras advertir de que la ley es "un instrumento que debe ponerse al servicio de la realidad", el PSE propone "una modificación del punto final del régimen transitorio", que considera imprescindible para "no perjudicar, aún más, a un ya tocado comercio de proximidad y a la economía en general".

A su entender, "la situación económica sobrevenida justifica un cambio normativo para adaptar la ley a la situación actual", así como la adopción de "medidas complementarias en favor de nuestro comercio de proximidad".