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Insta a que no se conviertan "en salvas oportunistas" defectos como el pago "indebido" a receptores del RGI
BILBAO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
Sos Racismo Araba ha pedido a los representantes institucionales vascos que cobren sólo el SMI y el resto de su sueldo lo destinen a un 'fondo social social comun de atencion ciudadana', por "razones de emergencia social sobrevenida".
Además, ha calificado de "soberbia administrativa" que se pida la devolución del dinero "indebido" pagado a receptores del RGI que no eran concientes de ello y a los que les va a ser imposible devolver esas cantidades, y ha emplazado a no convertir "el salvas oportunistas" lo que se ha demostrado como "defectos" propios.
De esta forma, SOS Racismo se ha referido al hecho de que el Gobierno vasco reclame dinero pagado de más a perceptores de la RGI y que esté intentado que 10.000 beneficiarios de la RGI devuelvan 56 millones de euros de "pagos indebidos".
En este sentido, se ha dirigido al lehendakari, Iñigo Urkullu, a la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, y al diputado general de Álava, Javier De Andrés, para preguntarles si "no creen que ha llegado el momento de ser responsables ante la ciudadanía".
"¿Qué pretenden justificar con acusaciones de fraudes, vejaciones sociales, encantamientos provisionales de una ciudadanía hastiada de sus inconveniencias y de sus despropósitos?. ¿Entienden ustedes que se les paga a escote, y muy bien por cierto, para intentar resolver los problemas de la ciudadanía en general en un tiempo limitado y no para enquistarlos? ¿Qué pretenden anunciando a bombo y platillo que posibles embaucadores de RGIs, son la prueba fehaciente de su buen y correcto hacer?", ha destacado.
Asimismo, ha cuestionado "por qué la Administración, en este caso la vasca, con efecto retroactivo, procede a reclamar en determinados casos, con publicidad extensiva, varios miles de euros en varios supuestos" "No sabían que quizá estaban abonando de más?. Y, si lo sabían, ¿por qué no lo han reclamado en tiempo y forma, como corresponde a una Administración pública?", ha apuntado.
En esta línea, la ONG ha destacado que "esos determinados pagos indebidos deben de ser un problema que se deberá "resolver discreta y lealmente". "Hacerlo ante la notaría de la prensa, como espectáculo público, no solo es una inconveniencia, sino que es una prueba palpable de su limitada capacidad de gestionar 'just in time' (a tiempo) las cuestiones de simple tramitación administrativa", ha indicado.
Sos Racismo Araba destaca que "el antiguo INEM, SEPE actual, resuelve al instante, cualquier incidencia relativa a las altas, bajas, suspensiones, de reconocimiento de prestaciones, subsidios, etc, con una cartera de solicitantes y beneficiarios importante".
"Esto es un hecho. Otra entidad --quizá por precipitaciones de un interés inexplicado-- roza lo inverosímil en materia de gestión y control de unos derechos reconocidos y amparados legalmente, provocando situaciones de desamparo real de familias completas", añade.
Por ello, emplaza a que "se pongan de acuerdo, gestionen con rapidez, eficacia y normalidad administrativa unos derechos de personas, ciudadanos y familias, que, siempre en situación de pre-exclusión, se ven abocadas a solicitar una RGI de pura supervivencia".
"No conviertan en salvas oportunistas sus propios defectos a favor de sus querellas electorales, partidarias, o de cualquier otra naturaleza, quizá inconfesable, descargando alegremente en bolsillos ajenos sus propias deficiencias", ha aseverado.
En este sentido, ha indicado que "aquella persona que haya percibido una determinada cantidad en demasía de éste u otro derecho, sin ser consciente de ello --y que en determinados casos superan los 10.000 euros-- devolverlos es una posibilidad remota, cuando esas cantidades de subsistencia se han percibido a razón de la RGI, invitarles a hacerlo en bloque voluntariamente, es un acto de soberbia administrativa".
"El error si lo hubiera habido, es responsabilidad del pagador, y no del que ha percibido, y por ello, cabría suponer, que esos errores de gestión causarán determinados prejuicios, que indudablemente debieran de ser indemnizados justamente, en la cantidad que se reclama en cada caso. No solo es posible, si no que legalmente es procedente", ha añadido.
MEDIDAS
Por ello, emplaza a todos los componentes de Gobierno, consejeros, asesores temporales y parlamentarios que den "ejemplo de compromiso social, renunciando a lo que exceda del Salario Mínimo Interprofesional del salario que se les abona mensualmente, y cuyas sumas irán a un 'fondo social común de atención ciudadana', por razones de emergencia social sobrevenida".
Asimismo, pide que se promueva en el Parlamento vasco una "Ley Vasca sobre exención temporal de impuestos de cualquier tipo, a aquellos ciudadanos y ciudadanas que por acusas ajenas a su voluntad carecen de medios económicos para sobrevivir".
Asimismo, reclama que se promueva una norma "sobre paralización de todas las ejecuciones de préstamos bancarios, en tanto, el o los titulares del crédito hipotecario-vivienda, carezcan de medios económicos por razones ajenas a su voluntad, no pueden asumir las cuotas pactadas".
También insta a abordar una Ley Vasca sobre el derecho a una Renta Mínima, y un decreto "sobre el derecho a disponer de una TAC --Tarjeta de Alimentación Ciudadana-- de carácter temporal y alcance limitado, a aquellas personas que involuntariamente se han quedado sin recursos, y, deben de acudir a los Comedores sociales solidarios".
Por último, pretende que se abran en todos los Ayuntamientos de comedores sociales durante 24 horas al día todos los días del año; que los Consistorios empadronen "a aquellos nuevos vecinos y vecinas, en términos de normalidad, sin más elementos que su identificación"; una resolución "a los efectos de que los servicios sociales municipales lo sean a todos los efectos y con todas las consecuencias"; otra para que no haya "ninguna vivienda vacía y ninguna familia sin techo"; y que se normalicen puntos de encuentro familiar en todos los Ayuntamientos vascos, "sin excepción".
