VITORIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
El parlamentario de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Gorka Maneiro, ha solicitado este jueves la "inmediata" derogación del decreto que obliga al comercio a atender en euskera y ha apostado por "modificar de raíz la política lingüística aplicada por los gobiernos nacionalistas durante largos años y eliminar todos los decretos y leyes que vulneren la libertad de los individuos".
En un comunicado, Maneiro ha hecho referencia al acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado martes para la modificación del Decreto sobre los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias, con el objeto de que el cumplimiento de las obligaciones lingüísticas contenidas en él se retrase durante un año.
El parlamentario ha recordado que la Cámara vasca, a través de una iniciativa del PSE y el PP, instó el pasado mes de junio al Gobierno autonómico a impulsar los cambios normativos necesarios para eliminar las sanciones a las empresas que no rotulen y atiendan en euskera, que, en principio, iban a entrar en vigor el 17 de julio y que, en algunos casos, llegaban a los 600.000 euros.
Para Maneiro, la enmienda de totalidad presentada por populares y socialistas era "impresentable", ya que tenía el objetivo de "diluir" la iniciativa original presentada por UPyD, "y así posponer, que no eliminar, la aplicación de multas lingüísticas a los comercios que no cumplieran este Decreto".
Para el diputado vasco, el objetivo debe ser "modificar de raíz la política lingüística aplicada por los gobiernos nacionalistas durante largos años y eliminar todos los decretos y leyes que vulneren la libertad de los individuos".
"Se trata de una ataque flagrante a la libertad individual y a la libertad de comercio, una medida impositiva que debe descartarse porque no es la vía para alcanzar un bilingüismo integrador y de libre adhesión, como sería necesario", ha defendido.
El parlamentario ha reiterado la necesidad de la derogación "inmediata" del Decreto y ha asegurado que "es inútil parchearlo con esta modificación, para que las multas por incumplimientos lingüísticos de las empresas empiecen a aplicarse dentro de un año y no desde ahora, como inicialmente estaba previsto". "Lo único que se hace es no enfrentarse de verdad a otro más de los problemas creados por el imaginario nacionalista", ha insistido.
Finalmente, ha anunciado que va a solicitar la comparecencia de la consejera de Cultura, Blanca Urgell, y del consejero de Sanidad y Consumo, Rafael Bengoa, para que expliquen los cambios realizados en este Decreto y si tienen pensado llevar algún tipo de modificación legal adicional, "tal como se desprendió de lo escuchado en sede parlamentaria durante la discusión de la proposición".
