MÉRIDA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha avanzado que no asistirá este jueves a los actos de celebración de la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de los funcionarios de instituciones penitenciarias, debido a los "problemas a los que se enfrenta este colectivo en la región ante la falta de equipos de protección y las escasas medidas de prevención" que se han adoptado ante la pandemia del Covid-19.
CSIF, como sindicato más representativo de las administraciones públicas en Extremadura, ha reafirmado que valora esta festividad "como reconocimiento a la labor de estos trabajadores", pero ha reclamado el "máximo respeto y la máxima atención" a la salud de los profesionales, que "día tras día se sacrifican en el desempeño de sus funciones en los Centros Penitenciarios de Badajoz y Cáceres".
Así, el sindicato tacha de "nefasta" la gestión de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en la materia de prevención de riesgos laborales vinculada a la crisis sanitaria de la Covid-19.
Ante esta situación, CSIF ha alertado de las "deficiencias" que existen en los centros penitenciarios de Cáceres y Badajoz, en materia laboral que afectan a unas plantillas infradotadas, que padecen bajas y vacantes que no son repuestas, además de una falta de personal sanitario, una plantilla envejecida que provoca situaciones de inseguridad y estrés laboral, según señala el sindicato en nota de prensa.
Entre otros desafíos, a juicio de CSIF falta el "reconocimiento como agentes de la autoridad en el ejercicio del cargo", continúa sin desarrollarse un Protocolo contra agresiones y se mantienen "grandes diferencias salariales" frente a Cataluña, que es la única comunidad que tiene las competencias transferidas.
Finalmente, CSIF también ha aportado como motivo para no asistir a estos actos, la "pasividad" de los responsables de la Institución ante las injurias, calumnias o amenazas de las que son víctimas los trabajadores a pesar de que el artículo 29.4 de la Instrucción 2/2011, de 21 de febrero, por la que se aprueba el Código Deontológico del personal penitenciario, obliga a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a defenderlos.
Una inacción que, según señala, "está perjudicando gravemente la imagen de nuestros profesionales y dañando la confianza de la ciudadanía en nuestra Institución", ha concluido.
