MÉRIDA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
La asociación Ecologistas Extremadura solicitó hoy a la Junta de Extremadura que facilite el acceso a la resolución por la que se somete a información pública el estudio informativo de la 'Autovía autonómica Ex-A-4' de Cáceres a Badajoz, para que aquellas personas u organismos que lo consideren, en un plazo de 30 días, puedan presentar alegaciones.
Según recordó Ecologistas Extremadura en nota de prensa, el pasado martes 5 de febrero, la Dirección General de Infraestructuras y Aguas publicó el citado estudio informativo que estará disponible en los ayuntamientos afectados y en la Dirección General de Infraestructuras y Aguas en horario de oficina de 9.00 a 15.00 horas, coincidiendo como la mayoría del horario laboral de la población.
Por eso este motivo, la asociación plantea la necesidad de que se facilite el acceso a estos documentos, tanto en el CAMEX al actual director general de Medio Natural, Guillermo Crespo, como en las reuniones específicas que este colectivo mantuvo con el anterior director general de Medio Ambiente.
Ecologistas Extremadura considera que poner a disposición de los ciudadanos dicha información "no dañará en absoluto" los intereses de la empresa que ha realizado el proyecto -por otra parte pagado por las administraciones en el caso de las obras públicas-, puesto que el "obstáculo administrativo" del horario matutino sólo funciona para los ciudadanos que pretenden informarse sobre este proyecto fuera de su horario laboral, mientras que a una empresa interesada en tal estudios no le supone ningún problema el acceder a dicha información en el horario dispuesto por la Administración.
Consideran también que la Junta de Extremadura debería ser "más pragmática" a la hor7a de facilitar el acceso a esta información utilizando las nuevas tecnologías como por ejemplo publicando en su web oficial dichos documentos durante los períodos establecidos para que cualquier ciudadano interesado en un determinado proyecto por el que se considere afectado pueda presentar sugerencias, alegaciones o comprobar que el acceso a la información ambiental es "derecho real" por el que velan las instituciones, "y no una simple proclama vacía".
"De lo contrario, podría pensarse que no existe voluntad efectiva de que las decisiones ambientales sean transparentes y nazcan de un compromiso con la sociedad, tal y como proclaman los acuerdos europeos a los que nuestro país se ha sumado tan gustosamente", concluyó.
