MÉRIDA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los grupos que integran la oposición en el Parlamento de Extremadura (PSOE, IU y PREx-CREx) han instado al Gobierno regional a solicitar al Gobierno de España una prorroga de cinco años, hasta el 2020, de todos los alquileres de locales comerciales de renta antigua, para frenar el cierre de 3.000 comercios, servicios de hostelería y pymes en Extremadura.
Asimismo ha instado a solicitar al Gobierno de España a la apertura de una línea de crédito ICO para el traslado, reforma y adaptación de locales para los comercios, hostelería y pymes afectados por la finalización de la moratoria.
Además, ha instado al Gobierno de Extremadura a elaborar un estudio específico de la Demografía Comercial, Hostelera y de Pymes con alquileres de renta antigua, de cara a obtener un listado, mapificación y diagnóstico del sector, junto a un plan de acción y protección de los comercios, servicios hosteleros y pymes emblemáticos que forman parte de la memoria colectiva de los extremeños.
El encargado de defender esta propuesta de impulso presentada por el PSOE, que ha constado con la abstención del PP, ha sido el diputado socialista Francisco Martín Simón, quien ha alertado de que el próximo 1 de enero de 2015 finalizaría la prórroga vigente, lo que supondría el fin de la mayoría de estos contratos de arrendamiento de locales.
Con ello, empresas y comercios consolidados se podrían ver forzados a negociar un nuevo contrato de alquiler con un probable incremento de renta, cuando no a un traslado o al cierre, por las deficiencias de liquidez en el contexto actual de crisis económica y escasa actividad comercial, ha indicado.
En Extremadura, según el estudio realizado por la Asociación Extremeña de Trabajadores Autónomos (Aexta), serían 3.000 los comercios y pymes afectados por la eliminación de la renta antigua, es decir, una estimación cercana a los 5.000 trabajadores, según el socialista.
En la misma línea, Francisco Martín Simón ha considerado que el eventual cierre o traslado de estas empresas o comercios consolidados no se vería compensado con la instalación de nuevas empresas, ya que la tasa de mortalidad de las de nueva creación es elevada.
En su intervención, el diputado socialista también ha aludido a que ante este aspecto existe un "conflicto de intereses", por un lado, los del arrendador y el del arrendatario, aunque el interés del propietario "no puede sacrificarse infinitamente".
Así, la presente iniciativa, según ha defendido, no pretende proteger a una parte contractual frente a otra, sino procurar que la transición activa se produzca en las condiciones más favorables para la supervivencia del tejido empresarial y especialmente del comercio de proximidad.
OPINIÓN DE LOS GRUPOS
Por parte de los grupos, el portavoz del PREx-CREx, Damián Beneyto, ha indicado que la propuesta del PSOE es "complicada" porque por un lado están los intereses de los arrendadores y por otro los arrendatarios.
En esta línea, ha considerado que la moratoria de cinco años objeto de la iniciativa debería ser la última, toda vez que los arrendadores, según ha afirmado, también tienen sus derechos.
Asimismo, el diputado de IU Víctor Casco ha considerado que esta medida "no deja de ser un parche", ya que en España no se ha abordado "con seriedad" el régimen de alquiler.
De igual forma, ha considerado que los locales comerciales, si tienen que pagar lo que les van a pedir, estarán abocados al cierre de los comercios tradiciones que se sitúan normalmente en los centros de las ciudades.
En el turno del PP, el diputado José Ángel Sánchez Juliá ha recordado que la última moratoria de 20 años provenía de la época de los gobiernos de Felipe González y se ha preguntado por el interés que tiene el grupo socialista para traer esta iniciativa días antes de que finalice la prórroga y no haberlo hecho antes.
De este modo, el 'popular' ha considerado que el único interés es "electoral", ante lo que PP, según ha indicado, no va a entrar en el juego "electoralista" y "demagógico" del PSOE.
