MÉRIDA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los cuatro grupos con presencia en el Parlamento de Extremadura han aprobado una propuesta de pronunciamiento en la que instan al Gobierno de España a que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que está en marcha se lleve a cabo dentro de un marco de "consenso" entre todas las fuerzas políticas y demás agentes implicados.
Según han manifestado los grupos en esta iniciativa que han presentado de forma conjunta en el pleno de este jueves se pretende que dicha reforma sea un "referente normativo", "goce de la necesaria estabilidad" y "garantice la subsistencia" de sedes y empleos que convivan en la nueva organización de los juzgados.
Asimismo, la cámara legislativa regional ha instado el Gobierno central a determinar que la desaparición de partidos judiciales no suponga cierre de ningún juzgado, pérdidas de puestos de trabajo o desigualdades entre los ciudadanos en el acceso a la justicia.
Así como prever la posibilidad de que el Tribunal Provincial de Instancia tenga otras sedes, además de la oficial, en alguna otra población de la provincia que reúna una serie de requisitos de población, carga de trabajo, o la distancia a la capital.
También han pedido permitir que las comunidades autónomas puedan realizar una propuesta relativa a las sedes de los tribunales provinciales de instancia de su territorio, para de esta forma conjugar la implantación del modelo con las peculiaridades propias de cada región.
Finalmente, los cuatro grupos con presencia en el Parlamento de Extremadura han manifestado su "absoluto rechazo" a cualquier reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que suponga la deslocalización de los juzgados y alejamiento de la justicia de los ciudadanos de las localidades rurales y menos habitadas.
En la justificación de la iniciativa, el PP, el PSOE, IU y los regionalistas de PREx-CREx han coincidido en que, a pesar de haber sufrido más de 40 modificaciones en sus casi treinta años de vida, es "necesaria" una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que garantice un modelo de justicia "eficaz", además de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos y de facilitar la paz social.
De esta forma, han indicado que se hace necesaria una adaptación a la realidad económica, social y jurídica actual encaminada a la consecución principalmente de la reducción de los tiempos de respuesta que no suponga una "pérdida en la calidad de las sentencias emitidas".
Aunque Extremadura no tiene transferidas las competencias en materia de justicia, a los grupos parlamentarios de la región les preocupan ciertos aspectos del anteproyecto de modificación de la LOPJ presentado por el Gobierno de España, por lo que en esta propuesta se han centrado en aspectos generales vinculados a la organización territorial y a la dispersión geográfica de la región.
En esta línea, los cuatro grupos han mostrado su preocupación por el hecho de que los tribunales de instancia con circunscripción provincial pudieran suponer un cierre de sedes judiciales o pérdida de empleo, un extremo que consideran "algo negativo que no debe ser asumido".
Entienden los grupos que la mejora de la justicia no debe suponer la reducción del empleo o la perdida de aspectos económicos o sociales en aquellos núcleos de población donde se ubiquen los juzgados o tribunales actuales.
Además, Extremadura posee dos provincias con una amplia dispersión geográfica y una importante extensión, lo que sin duda afectaría a la cercanía del ciudadano con la justicia si solo existiesen dos tribunales provinciales de instancia en Cáceres y Badajoz, han expuesto los diputados extremeños.
TURNO DE LOS GRUPOS
En el turno de intervención de los grupos, el portavoz de PREx-CREx, Damián Beneyto, ha abogado por alcanzar un consenso en torno a esta reforma, ya que, cuando un ley orgánica se hace desde una mayoría absoluta sin consenso, "lo más lógico" es que cuando esa formación deje de gobernar dicha ley desaparezca.
Por su parte, el portavoz de IU en el Parlamento de Extremadura, Pedro Escobar, ha considerado que la reforma que propone el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es "muy urbana" y en zonas como Extremadura quizá es "más difícil de digerir".
El diputado socialista Juan Manuel Hernández ha indicado que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial es un "capítulo más" de la "contrarreforma" del Gobierno del Partido Popular, una "contrarreforma" que tiene una "clara intencionalidad" de "desmantelar los servicios públicos", ha dicho.
Finalmente, la diputada del PP Inés Rubio ha indicado que en la reforma que plantea el ministro Gallardón "no queda claro" cuál será la "foto fija" de la nueva organización judicial, y ha mostrado su preocupación por el hecho de que se puedan ver afectadas 376 localidades de la región y 21 partidos judiciales.
