Actualizado 18/05/2007 22:09

Expedientados 43 adjudicatarios de viviendas protegidas en Pereiro de Aguiar por no usarlas como residencia habitual

Galicia Actual

Las multas ascenderán a 3.000 euros pero podrían incrementarse en caso de que se reitere la infracción


SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Vivenda e Solo ha abierto un total de 43 expedientes sancionadores a otros tanto adjudicatarios de viviendas protegidas en el municipio ourensano de Pereiro de Aguiar, al considerar que no están siendo utilizadas como residencia habitual.

En comunicado, el departamento autonómico explicó que tomó esta medida una vez que su Servizo de Inspección constató que "existen indicios suficientes" que apuntan al incumplimiento de la Lei de Vivenda en esta promoción de 121 viviendas, de 90 metros cuadrados cada una y con un precio de más de 75.000 euros.

Además, Vivenda añadió que las residencias fueron entregadas en 2006 a los beneficiarios, que fueron "seleccionados íntegramente por la anterior Administración". Recordó que el promotor fue la empresa pública Xestur-Ourense, con una inversión de más de 9,4 millones de euros.

Según la consellería, el Servizo de Inspección llevó a cabo inspecciones en todas las viviendas de la promoción y detectó que "una gran parte estaban vacías y con consumos energéticos mínimos o inexistentes". Asimismo, los chalets presentan "aspecto de descuido general", con entradas llenadas de hierba, persianas cerradas, timbres que no funcionan, suciedad, etc.

SANCIONES

Con estos datos, el Servizo de Inspección de Vivenda dictaminó el "altísimo grado de desocupación de la urbanización, utilizándose las viviendas de forma esporádica para el descanso familiar o el esparcimiento lúdico".

Los expedientes sancionadores fueron comunicados a los afectados entre los días 4 e 10 de mayo y, tras la notificación, disponen de un período de 15 días para presentar las alegaciones que consideren oportunas antes de hacer efectiva la sanción, que será de 3.010 euros.

No obstante, la consellería se reserva la posibilidad de incrementar la multa --lo máximo establecido son 60.101 euros-- en caso de que se reitere la infracción, como prevé la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de Administración Pública y Procedimiento Administrativo Común.

Vivenda e Solo destacó la voluntad de este departamento de "luchar contra cualquier tipo de fraude, tanto en el proceso de compraventa como en el uso de la vivienda protegida".