Apuesta por consensuar con todos los grupos la posición sobre el tráfico, ordenación del litoral o gestión marítimo-terrestre
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, anunció que el próximo 20 de marzo tendrá lugar la primera reunión de la nueva Comisión Bilateral Gobierno-Xunta para abordar, entre otras cuestiones, la ley de Horarios Comerciales y la ley de Derecho Civil de Galicia.
Durante su comparecencia en la Cámara a petición propia para explicar los resultados del encuentro que mantuvo el pasado 28 de febrero con el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Servilla, para impulsar el proceso de transferencias, Quintana precisó que esta misma tarde recibió un fax de este departamento comunicándole la fecha y el orden del día de este encuentro.
Así, precisó que Xunta y Gobierno central abordarán en esa reunión, además de la leyes de Horarios Comerciales y de Derecho Civil de Galicia, la adaptación de las normas de funcionamiento de la comisión, tal y como acordaron Quintana y Sevilla en la entrevista que ambos mantuvieron a finales de febrero.
Además, en el orden del día también figura un último punto sobre "otras cuestiones de interés" que pueda plantear la propia Xunta. No obstante, durante su intervención, el vicepresidente avanzó que la composición de este órgano será paritaria y tendrá una presidencia rotatoria anual entre la Xunta y la Administración del Estado y que se celebrarán reuniones alternativas en Madrid y en Galicia, "que cualquiera de las dos partes puede convocar".
Asimismo, subrayó que esta nueva comisión ampliará sus atribuciones con respecto de las que desempeñaba el anterior organismo bilateral y precisó que, en su seno, se crearán subgrupos para abordar la deuda histórica, el naval de Ferrolterra o el desarrollo competencial, entre otros. "La nueva comisión servirá como marco para la cooperación inteligente en materias como las políticas económicas, las industriales o las de gestión de infraestructuras", añadió.
CONSENSO DE LOS GRUPOS
En este sentido, anunció su propósito de llegar a un acuerdo con todos los grupos de la Cámara que permita aprobar proposiciones de ley referidas a los traspasos de los medios de tráficos y seguridad viaria, la ordenación del litoral y la gestión del dominio público marítimo-terrestre y la transferencia del litoral y la gestión sobre las aguas interiores que ostentará la Confederación Hidrográfica Miño-Limia.
De esta forma, se iniciaría el proceso de traspaso de competencias previsto por el artículo 150.2 de la Constitución y que Xunta y Gobierno central se comprometieron a impulsar. Este artículo prevé la apertura de nuevos espacios competenciales a través de la transferencia o la delegación mediante leyes orgánicas, pero necesita que sea el Parlamento gallego quien los impulse a través de proposiciones de ley.
Además, señaló que en su encuentro con Sevilla propuso la elaboración de una ley específica que resuelva la presencia de las autonomías en órganos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Comisión Nacional de Energía, el Banco de España y los Paradores de Turismo.
Finalmente, indicó que Xunta y Gobierno central acordaron crear un grupo de trabajo entre Xunta y Gobierno central, que estará funcionando en las próximas semanas, para elaborar un informe sobre el grado de maduración de siete traspasos.
Así, se trata de salvamento marítimo, inspección de trabajo, centros de investigación del Estado con sede en Galicia, archivos históricos y museos, bienes reservados a la Tesorería de la Seguridad Social y adscritos a servicios y competencias ya transferidos a Galicia, la expedición del título de gestor administrativo y cuantificar y saldar la deuda de superficie de la Administración del Estado en las cuatro provincias.
VETO DE MADRID
Por su parte, el portavoz del PPdeG, Xosé Manuel Barreiro, acusó al Gobierno central de "vetar" a Galicia los traspasos que ya ha materializado en otras autonomías y recordó que en los dos años de gobierno del bipartito, tan sólo se transpasaron 1,5 competencias, frente a los 50 traspasos de otras autonomías.
En este sentido, destacó que durante los 16 años de Manuel Fraga, la Xunta incrementó su autogobierno con 70 nuevas competencias, 46 durante ejecutivos del PP y 24 con ejecutivos del PSOE. Además, precisó que la Comisión Bilateral de Cooperación "lleva años funcionando" y no es un "mecanismo nuevo" de relación con el Estado.
De esta forma, acusó al Gobierno de Zapatero de "desleal" con la Xunta e incidió en que, tras el encuentro con Quintana, el propio Sevilla "se encargó de corregir todo lo que había anunciado el vicepresidente". "Ustede hizo esfuezos, trabaja y luego llega allí le dan con la cabeza contra la pared", declaró.
En el mismo sentido, señaló que la "deslealtad es por partida doble", porque el propio presidente gallego y su partido, el PSdeG, "le dio la espalda en las negociaciones con Madrid". "Los vetos los tienen allí y aquí y le están poniendo la zancadilla su propios socios de Gobierno", añadió.
GRUPOS DEL GOBIERNO
Por su parte, socialistas y nacionalistas recordaron las "reticencias" de los populares a impulsar el autogobierno gallego durante los últimos años del Gobierno de Manuel Fraga y el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, destacó el trabajo de la Vicepresidencia para que Galicia tenga "poder de decisión" en Madrid y en Bruselas.
Además, instó a los populares a que "no digan una cosa aquí y otra en la capital del Estado, porque la gente ya les está cogiendo la medida a sus mentiras", mientras que el socialista Xaquín Fernández Leiceaga recordó que, a pesar de que la Comisión Bilateral entre Xunta y Gobierno central se creó en 1987, tan solo mantuvo cuatro reuniones desde entonces hasta hoy, frente a las 17 celebradas con Cataluña.
"En un estado cuasifederal debe funcionar la solidaridad. Por eso es importante un esquema multilateral de cooperación", apuntó y, en esta línea, también Quintana transmitió a los populares que tuvieron un "momento idóneo" para impulsar las competencias y para actuar como "gobierno autonomista" durante los cuatro años de Gobierno de Aznar con mayoría absoluta. "No lo hicieron y tan solo consiguieron transferir tres competencias", concluyó.
