Avanza que la nueva ley endurecerá las sanciones contra el uso irregular de la vivienda protegida
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
La conselleira de Vivenda e Solo, Teresa Táboas, adelantó hoy en el Parlamento que un nuevo decreto que será aprobado en el segundo semestre del año permitirá que la vivienda protegida pública (VPP) "sea adjudicada por sorteo y ante notario", tal y como se está haciendo con la de protección autonómica (VPA) que construye el sector privado y las subvenciones del departamento autonómico.
En respuesta a una interpelación de la diputada del PP Pilar Rojo, Teresa Táboas aseguró que el actual sistema, "heredado" del Gobierno del PP, "es lento e ineficaz", pues "implica una media de dos años" para entregar las VPP desde la apertura de solicitudes. "Es necesario en su momento modificar el sistema para ganar en agilidad", insistió.
La titular de Vivenda precisó que su departamento "ya terminó el nuevo decreto" y que éste está en Asesoría Jurídica de la Xunta y añadió que del sorteo ante notario saldrá una lista de adjudicatarios provisionales y otra de espera, "con el doble" de las viviendas que se vayan a entregar. Así, sólo será necesario pedir información a los integrantes de las listas provisional y de espera.
Teresa Táboas también avanzó que "en el segundo semestre" de este ejercicio se entregarán las 99 VPP pendientes de adjudicar de manera definitiva en Santiago de Compostela -en As Cancelas, Avío, Ponte Pereda y Volta do Castro-, motivo de la interpelación del PP, y atribuyó el retraso acumulado a que es preciso "garantizar que las viviendas van para quien realmente lo necesitan".
ADJUDICATARIOS RECHAZADOS
En este sentido, recordó que de los 198 adjudicatarios, entre los 99 provisionales y otros tanto en espera, 30 (10 y 20, respectivamente), fueron rechazados por no cumplir los requistos, lo que supone "un 15% del total".
Por su parte, la parlamentaria popular Pilar Rojo denunció que Vivenda está retrasando "desde hace mas de dos años" la adjudicación de estas 99 VPP y recordó que hay familias que "están en infraviviendas" esperando que le adjudiquen una de estos inmuebles.
Rojo reconoció que el Ayuntamiento de Santiago es el responsable de una "demora de 11 meses", pero añadió que desde febrero de 2006, la culpa es de la Consellería de Vivenda. "Son incapaces de llevar a buen término algún proceso administrativo y el balance de sus dos años de Gobierno es bastante desolador", le recriminó a la conselleira.
SANCIONES MAS DURAS
Por otra parte, la conselleira Teresa Táboas avanzó que la futura Lei de Vivenda de Galicia "recogerá sanciones más duras" contra el uso irregular de la vivienda protegida, tanto por parte de los adjudicatarios como de los promotores.
En respuesta a una pregunta de la diputada del BNG Carmen Da Silva, Táboas explicó que su departamento "está redactando la nueva ley, cuyo anteproyecto será remitido al Parlamento en el segundo semestre de este año".
La titular de Vivenda recordó que este departamento autonómico aplicó "por primera vez en Galicia" una sanción a una promotora por sobreprecios en la compraventa de vivienda protegida en San Paio de Navia, en Vigo, "con una multa de 3,6 millones de euros y la inhabilitación para construir vivienda protegida durante seis años".
