SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Xunta aprobó una nueva normativa de autorización y acreditación para los programas y centros de servicios sociales que garantizará su mejora y control, en el marco de la apuesta por la calidad que realiza el departamento de Vicepresidencia.
Así, el nuevo reglamento, basado en dos líneas estratégicas básicas, estudia por una parte, renovar la vigente normativa y adecuarla a las necesidades sociales actuales, con una importante incidencia sobre la Ley de la Dependencia, según informó Vicepresidencia en un comunicado de prensa.
Por ello, además de este nuevo marco jurídico, que por primera vez especificará las cuestiones referidas a servicios mínimos y requisitos en la prestación de programas de servicios sociales, la Xunta destacó la importancia de "establecer mecanismos de reacción inmediata por parte de la Administración ante los casos de incumplimiento de régimen de autorizaciones".
Asimismo, con el fin de alcanzar una propuesta de excelencia en la gestión, se incorporarán incentivos a las entidades que promuevan la "calidad reforzada", y la fijación de unos requisitos mínimos y generales de calidad para todos los centros y programas, apuntó Vicepresidencia.
Precisamente, los profesionales que trabajan en este ámbito contarán con una "guía de inspección" y una de "instrucción" de procedimientos sancionadores que permita su conocimiento sobre actualización de estas cuestiones.
También, se recogen modificaciones en lo relativo a la tramitación de las autorizaciones, ya que en algunos casos la documentación necesaria para las solicitudes deberá ser descrita con mayor concreción y amplitud.
AUTORIZACIONES
Igualmente, con respeto de los efectos de incumplimiento se regulará un procedimiento sumario para la clausura de los centros o su suspensión de actividades en el supuesto de que incumplan los requisitos, así como la revocación de las autorizaciones.
Otra de las medidas será la implantación y optimización de las nuevas tecnologías mediante el diseño de una base de datos única para las labores de inspección y la puesta en marcha del sistema de tramitación de expedientes de autorización e inspección de centros y programas a través de la misma.
Por último, el otro objetivo principal de la nueva legislación se centra en la mejora de la gestión del sistema de inspección y evaluación, lo que implica "un compromiso claro" con la innovación, formación y la unificación y racionalización de instrumentos.
