Propone que las denominaciones de origen sean las beneficiadas del 65% de los 420 millones anuales que gestionará al año el Estado
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
Galicia aspira con la actual reforma de la OCM del vino a multiplicar por diez los recursos recibidos por su sector con respecto a la anterior del período 2000-2007, donde sólo recibió 32 millones de los 3.100 millones de euros que gestionó el Ministerio de Agricultura, es decir, un 1,03 por ciento. En la actual, la partida estimativa del denominado 'sobre nacional', que deberá repartir el MAPA, se cifra en unos 420 millones anuales.
"Ante el escenario preocupante que abre la reforma de la OCM, la viticultura gallega debe tener un tratamiento justo y adecuado al lugar que le corresponde", defendió el conselleiro de Medio Rural, el nacionalista Alfredo Suárez Canal, en la rueda de prensa para dar a conocer las propuestas consensuadas con los Consellos Reguladores de las cinco denominaciones de origen gallegas que defenderán ante el Estado y que "aguarda que sean tenidas en consideración".
Suárez Canal reprobó el reparto realizado por el Estado en la anterior OCM del Vino por no ser "justo" y "proporcionado", ya que recordó que la viticultura gallega supone el 10 por ciento del empleo en denominaciones de origen y representan el 32 por ciento de las explotaciones del Estado.
Por estos motivos, la consellería exigirá al MAPA que se "corrijan" los criterios de reparto que "ponderaban" la superficie, lo que acababa estimulando que los recursos fueran destinados a territorios de grandes superficie de plantación "no siempre vinculadas a la calidad".
CRITERIOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES.
En contraposición, Medio Rural pretende que se cambie los criterios y se tenga en cuentan el "peso social y medioambiental" del sector en Galicia. Para avalar estas medidas, arguyó la importancia socioeconómica y de conservación paisajística que realiza la viticultura en zonas de alta montaña, "donde debido a la pendientes de la zona --30% y a 500 metros de altura-- es la única actividad posible". Precisamente, recibe merecidamente el calificativo de viticultura 'heroica'.
Esta no es la única propuesta de Galicia, la consellería que dirige Alfredo Suárez Canal busca que "cuanto menos" el 65 por ciento de los fondos que gestionará el 'Programa de Apoyo' de la OCM del Vino --que deberá estar listo antes de junio-- sean dedicados en el ámbito de las denominaciones de origen a la promoción en países con mercados emergentes, a la reconversión de más calidad en los marcos de producción y a inversión en producción e industria transformadora.
ETIQUETAJE.
"Es necesario apostar por vinos de calidad ligados a las denominaciones de origen", abogó Suárez Canal, quien por estos motivos solicitará al Estado que tome las medidas necesarias para impedir que los vinos de mesa recojan en su etiquetado cualquier referencia a variedades autóctonas gallegas que ya cuentan con el amparo de una de las cinco Denominaciones de Orixe.
El conselleiro sustentó esta petición en el hecho de que si un vino de mesa recoge una referencia en su etiqueta a estas variedades autóctonas induce a "error" al consumidor y "deturpa" el esfuerzo realizado "durante años" por los respectivos consellos reguladores para vincular el "prestigio" de esta uva bajo el amparo de la calidad de una D.O. gallega.
Las variedades a las que Medio Rural exigirá al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) esta protección será el albariño, treixadura, godello, mencía, torrontés, loureira, caíño, dona branca, brancellao, merenzao, sousón y espadeiro.
DERECHOS DE PLANTACIÓN.
Entre otras propuestas, la consellería solicita que el ministerio debe comprometerse y adoptar "ya" la decisión de que el período de vigencia de los derechos de plantación se mantenga como mínimo hasta el 2018 en el ámbito de las denominaciones de origen.
Igulamente, reivindica que el Estado tome las medidas legislativas necesarias para garantizar que las D.O. e Indicacións Xeográficas Protexidas (IXP) continúen el control del potencial productivo después de 2018.
Para ello, Suárez Canal apuntó a la evaluación de la OCM que pretende realizar en 2012. En ese momento, según defendió, el Estado deberá aspirar a introducir en la agenda la posibilidad de que en las denominaciones de origen los derechos de plantación podrán existir "más allá" de 2018 y sean administrados por las autoridades competentes de cada D.O y sus órganos rectores.
