PONTEVEDRA, 16 May. (EUROPA PRESS) -
La Organización Galega de Comunidades de Montes en Man Común celebrará el próximo 9 de junio, en Santiago, una manifestación para protestar contra la nueva Ley de Montes de Galicia que desarrolla la Xunta. Los promotores de la protesta critican que la normativa que se está desarrollando favorecerá la gestión del monte por parte de empresas privadas.
Los representantes de este colectivo ya cuentan con el apoyo de partidos como BNG y PSOE, además del grupo de apoyo surgido de la "Alianza por un medio rural galego vivo", en el que participan la Asociación pola Defensa Ecolóxica de Galicia, el sindicato CIG, la Federación Rural Galega y la propia Organización Galega de Comunidades de Montes en Man Común.
La junta rectora de esta última se reunirá este sábado en Pontevedra para dar comienzo a la campaña de información entre las comunidades de montes, con asambleas en distintas localidades.
El portavoz de la Organización Galega de Comunidades de Montes, Claudio Quintillán, calificó de "golpe muy duro" la rebaja de las franjas de seguridad en materia de prevención contra incendios forestales. También criticó que la Xunta dejará de actuar como "árbitro" en materia de deslindes entre comunidades de montes, que se verán obligadas a recurrir a la vía civil para dirimir sus diferencias en materia de territorialidad.
Desde la Organización Galega de Comunidades de Montes en Man Común también advierten que "bastantes" comunidades serán susceptibles de quedar en manos de "empresas des gestión privada" si previamente no saldan sus deudas con la Administración autonómica, al rescindirse los convenios que permitían la realización de trabajos como repoblaciones, mejora de pistas y accesos o podas silvícolas.
Claudio Quintillán considera que se trata de una restricción "gravísima", por lo que la Organización reclamará "la condonación de todas las deudas". Las comunidades de montes tampoco están de acuerdo con las medidas que, según denuncian, potenciarían en desarrollo de cultivos energéticos, y que podrían afectar a zonas que la Xunta considere que están "en estado de abandono", teniendo en cuenta que los criterios para esa clasificación son "muy ambiguos".
