SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
La Consellería de Vivenda e Solo replicó hoy al PPdeG que durante la campaña electoral "tramita con total normalidad" las notificaciones de solicitud de ayudas para la rehabilitación de vivienda, sean de confirmación de ayuda solicitada o en la que se deniegue la subvención pública porque no se ajuste a la normativa en vigor.
En un comunicado, recordó que sólo en lo que va de mes de mayo, este departamento autonómico, a través de las distintas delegaciones provinciales, "cursó 457 notificaciones, de las que 58 fueron de denegación".
Vivenda e Solo también aseguró que "tramita con total normalidad" las notificaciones de requerimientos por impagos en materia de vivienda de promoción pública (VPP), de tal forma que "a día de hoy están cursados 120 expedientes de desahucio, a los que se suman 170 de resolución del contrato de compraventa, en ambos casos por motivos por impagos".
El departamento que dirige la nacionalista Teresa Táboas recordó que "uno de estos expedientes corresponde a 100 vivienda de VPP, cuyo adjudicatarios llevaban 19 años sin pagar la vivienda protegida, ante la ineficacia del Gobierno anterior que, durante 16 años, fue incapaz de dar solución a esta situación".
La consellería replicó así a la portavoz de Vivenda del PPdeG, Pilar Rojo, quien hoy aseguró que su grupo parlamentario "tiene constancia" de que la Consellería de Vivenda "está reteniendo" hasta después de las elecciones municipales del domingo "la denegación de ayudas para rehabilitación" y "requerimientos por impago" a los ocupantes de viviendas de promoción pública (VPP).
En rueda de prensa, Pilar Rojo atribuyó esta decisión a que pretende evitar que esa decisión administrativa suponga un desgaste electoral para el Gobierno bipartito y vaticinó que "a partir del lunes serán muchos los gallegos que recibirán malas noticias de la consellería".
El departamento autonómico lamenta "la persistencia" de Pilar Rojo en "utilizar la mentira y la manipulación como mecanismo para esconder" la falta de política social de vivienda del Ejecutivo del PP y, "en este caso, para esconder la despreocupación de la Administración anterior por luchar contra cualquier tipo de fraude".
