Expertos comunitarios auditaron la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, Adif y el organismo notificado Cetren
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un equipo de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA por sus siglas en inglés) estuvo en misión de auditoría en Madrid durante el pasado mes de febrero para recabar información para redactar un informe sobre el nivel de cumplimiento en España de la normativa en materia de seguridad e interoperabilidad.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la ERA, que apuntan que, aunque la previsión era tener este documento listo para enero (así se le trasladó a la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia), todavía no pudo terminarlo y estima que "debería" estarlo para verano.
"Los protocolos y gestiones para estos informes son complicados", explican desde la Agencia Ferroviaria Europea, para justificar que el informe "no se completó en enero, pero debería estar listo para la Comisión este verano".
Y es que fue la Comisión Europea la que le pidió a la ERA que examinase la implementación en España de los elementos de la legislación ferroviaria de la Unión Europea. La solicitud fue consecuencia de las dos demandas (una por incumplimiento de la normativa de seguridad y otra por publicidad engañosa) que la asociación de víctimas de Angrois interpuso en su día en la comisión de peticiones de la Eurocámara.
Para dar respuesta a este requerimiento, un equipo de representantes de la agencia europea del ferrocarril visitó en la segunda semana de febrero la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, Adif y el organismo notificado (Notified Body) Cetren, según han informado fuentes consultadas por Europa Press.
VERIFICAR LA INTEROPERABILIDAD
Los responsables de la ERA obtuvieron información de las tres partes y, entre otras cuestiones, estudiaron cómo Cetren realiza su cometido de verificar la interoperabilidad, conforme a normativa europea, de varias líneas, incluida la de Ourense-Santiago, donde se produjo el accidente que en julio de 2013 se saldó con 80 muertos y 144 heridos.
Esta línea, pese a ser inaugurada en 2011, carecía del certificado europeo de interoperabilidad, clave para permitir la circulación segura e ininterrumpida de trenes, que el administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) no encargó hasta septiembre de 2016.
De hecho, a través de un documento que consta en el sumario de la causa judicial por el siniestro ferroviario, la empresa pública Adif comunicó, al inicio de la investigación, que no le constaba "que en algún momento se iniciaran las tramitaciones necesarias para la obtención de ningún certificado de interoperabilidad de la línea a través de un organismo notificado".
Un año después, en julio de 2015, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió el anuncio de licitación de un contrato para lograr, precisamente, esta verificación 'CE' de interoperabilidad.
Después de un procedimiento en el que una empresa belga impugnó la adjudicación, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales levantó la suspensión de la licitación en octubre de 2016, y únicamente se presentó el organismo español, Cetren.
LA IMPLICACIÓN DE LA ERA
Actualmente, los expertos comunitarios en materia de seguridad ferroviaria avanzan en el informe que le pidió la Comisión para conocer si el Estado español cumple con la normativa en materia de seguridad e interoperabilidad.
Las auditorías de la ERA a los distintos estados miembro son algo habitual, puesto que una de sus funciones desde 2006 es la realización de "estudios sobre la seguridad del ferrocarril en la UE", según recoge su página web.
Lo que es significativo para las fuentes consultadas es que se auditen expedientes de puesta en servicio, algo que relacionan con el papel que la Agencia Ferroviaria Europea está desarrollando en las pesquisas sobre los motivos del siniestro de A Grandeira.
Y es que su participación en este caso tomó peso con un estudio muy crítico con la investigación que realizó la CIAF, la comisión adscrita al Ministerio de Fomento que se ocupa de examinar los accidentes de tren en España.
INFORME PENDIENTE TAMBIÉN EN EL JUZGADO
En estos momentos, el juzgado que instruye la causa está pendiente del informe que le requirió a la ERA para conocer sus impresiones sobre si el análisis de riesgos que se realizó en la línea fue el adecuado. La afección de la huelga de los funcionarios de justicia en Galicia lleva a algunas partes a dudar sobre si este documento ya habrá llegado al juez.
Por eventuales "defectos" en esa evaluación de riesgos están imputados dos cargos de Adif y uno de Renfe, así como tres técnicos de Ineco. Por su parte, al maquinista se le atribuye una imprudencia por circular con exceso de velocidad.
