20 de enero de 2020
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  • 2 de julio de 2014

    (AMP) El TSXG abre juicio oral por prevaricación contra la exalcaldesa de Betanzos y diputada del PPdeG

    María Faraldo dice que su futuro como parlamentaria gallega "se determinará" cuando hable con el partido

    (AMP) El TSXG abre juicio oral por prevaricación contra la exalcaldesa de Betanzos y diputada del PPdeG
    ADOLFO ENRIQUEZ/PARLAMENTO

    SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

    El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha abierto juicio oral por prevaricación y falsedad documental contra la exalcaldesa de la localidad coruñesa de Betanzos y ahora diputada del PPdeG en la Cámara autonómica, María Faraldo Botana como ella misma ha confirmado a Europa Press.

    El juicio que la llevará al banquillo tiene que ver con la contratación de un profesor para el Conservatorio Municipal de Música de la localidad para el curso 2009-2010, la cual habría tenido lugar pese a las advertencias en contra del secretario, el cual sostuvo que la avisó verbalmente.

    Faraldo ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que no ha habido "informe" del secretario contrario a esta contratación y, de hecho, ha indicado que cuando lo hubo fue "mucho después" y cuando el profesor ya no estaba trabajando.

    La diputada popular ha indicado que mantiene su "inocencia" y ha incidido en que, a su juicio, el "procedimiento era legal". De hecho, ha argumentado que hubo "15 casos anteriores" y es una "fórmula reiterada en las legislaturas del PSOE". Precisamente, ha recordado que fueron los socialistas los que llevaron a finales del mandato, en 2011, una moción para llevar esta contratación a la Fiscalía.

    LA DEVOLUCIÓN "NO PUEDE PROSPERAR"

    La Sala TSXG dictó un auto con fecha del 31 de marzo en el que desestimó el recurso de apelación contra la apertura de auto de procesamiento y el pasado 26 de mayo la representación de María Faraldo pidió el sobreseimiento libre de la causa, pero finalmente se ha decretado juicio oral solicitado por el Ministerio Fiscal y la acusación particular ejercitada por el Ayuntamiento de Betanzos.

    En el auto en el que se confirma la apertura de juicio oral se argumenta que la petición de la devolución del sumario para que se recibiese la declaración al secretario del Conservatorio de Betanzos "no puede prosperar" puesto que, argumenta la sala del TSXG, "debió hacerse como petición principal y no subsidiaria".

    Además, añade que el magistrado instructor practicó toda la prueba solicitada por las partes, "salvo la que justificadamente fue denegada, no constatando que la prueba ahora solicitada esté en ninguno de los dos casos". Al respecto, señala que, no habiéndose solicitada en fase sumarial, "ahora aparece como extemporánea".

    Por este procesamiento también se sentarán en el banquillo Alberto G.N., profesor de música del Conservatorio de Betanzos, por la eventual comisión de un delito de falsedad documental, y el director de ese centro, Juan Antonio F.C., "por su probable participación en un delito de tráfico de influencias", según el auto de procesamiento ahora confirmado.

    CONTINUIDAD EN EL PARTIDO

    Sobre su continuidad en el escaño, ha explicado que todavía no ha tenido tiempo de hablarlo con el partido, puesto que ha recibido el auto de juicio oral en la mañana de este miércoles, y ha indicado que la decisión sobre su futuro se "determinará" cuando lo aborden. "En función de lo que hablemos, se determinará la actuación", ha declarado la parlamentaria gallega del PP.

    Los estatutos de los populares gallegos implican la transformación de expediente informativo a disciplinario una vez que se abre juicio oral, pero la resolución del mismo --y por lo tanto, la posible sanción con suspensión de militancia-- no tiene por qué producirse hasta que haya fallo judicial.

    El caso más reciente es el ocurrido el 19 de mayo, cuando siete ediles de Santiago de Compostela que se sentaron en el banquillo por un supuesto delito prevaricación todavía como militantes y en posesión de su acta de concejales, por el que finalmente fueron condenados a nueve años de inhabilitación especial para cargo público, tras lo que sí abandonaron el Consistorio.