La abogada de la demandante solicita el pago o el desalojo de la vivienda antes de 15 de febrero

   FERROL, 15 (EUROPA PRESS)

   El titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Ferrol ha dejado visto para sentencia el juicio celebrado en la mañana de este lunes tras la denuncia formulada por una arrendataria contra su inquilina tras varios meses de impagos.

   La inquilina es S.T.D., madre de dos hijos, uno de ellos menor de edad, residente en el barrio ferrolano de Caranza y que debería de satisfacer un alquiler mensual de 325 euros, pero que ha dejado de abonar "desde el mes de agosto del pasado año por estar en paro y no recibir ningún tipo de prestación", como ella mismo ha asegurado a las puertas de los juzgados ferrolanos.

   La demanda ha presentado en su defensa a una testigo, propietaria del 10% de la vivienda, y diversa documentación que a su entender demuestra la falta de legitimidad de la rentista para alquilarle la vivienda, al estar aún registrada a nombre del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), por lo que no había recibos, ni estaba declarada.

   Por su parte, la abogada de la demandante ha solicitado el pago o el desalojo de la vivienda antes de 15 de febrero.

CONCENTRACIÓN

   En paralelo, integrantes de la Plataforma de Afectos por la Hipoteca (PAH) de Ferrolterra y de Stop Desahucios se han concentrado a la entrada de la sede judicial ferrolana para demandar soluciones a su caso.

   La inquilina ha trasladado que su situación es "muy delicada". "No tengo adónde ir ni adónde acudir, ya que no hay respuesta a pesar de tener menores en casa y en una ciudad en donde no hay apenas trabajo", ha relatado.

  "Estoy en el paro y no percibo ninguna ayuda", ha remarcado, refiriéndose a la relación con la propietaria de la vivienda como de "demasiado buena" en un principio. "Ella siempre me decía que me esperaba, hasta que me ha hecho esto", ha señalado, en alusión a la presentación de la denuncia por impago.

AYUDA DE EMERGENCIA

   La mujer también ha asegurado que ha solicitado una ayuda de emergencia social al Ayuntamiento de Ferrol, manifestando que "no he recibido respuesta, ya que he acudido al trabajador social que me corresponde, pero no he obtenido respuesta, porque no lo tenemos ahora mismo", recordando que fue "en diciembre, por no estar al tanto, cuando acudía a solicitar la ayuda de la administración local".

   El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en la comarca de Ferrolterra, Ignacio Martínez, ha destacado que desde este colectivo son actualmente conocedores de "hasta diez casos de estas mimas características en esta zona" criticando que "la Xunta dice tener hasta  doce medidas para paralizar los desahucios, pero los problemas no se solucionan".

   El activista ha recordado que "Ferrol es una ciudad libre de desahucios, pero todo se queda para la galería, con dos mociones aprobadas en pleno por unanimidad, pero los grupos no son capaces ni de ponerse de acuerdo para poder ser sustituidos los trabajadores sociales cuando están de baja, de descanso o de vacaciones".

   Es por ello que Martínez ha pedido "acuerdos políticos para revertir esta situación, sobre todo en el caso de personas sin recursos económicos", y trasladando que en el caso de Ferrolterra existen "625 demandantes de viviendas, de los que 499 son para alquiler".

   El portavoz de la PAH ha incidido que en el caso concreto que se ha tratado en los juzgados de Ferrol este lunes "no existe legitimidad para el alquiler", ya que según ha manifestado "esta vivienda no se puede alquilar porque existe documentación del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) diciendo que no se puede realizar esta opción, por ser una vivienda que fue comprada pero que no está registrada a nombre de la propietaria".

VERSIÓN MUNICIPAL

   Por su parte, la concejala de Benestar Social del Ayuntamiento de Ferrol, Saínza Ruíz (FeC), que también ha acudido a la concentración a las puertas de los juzgados ferrolanos, ha asegurado que la afectada "mañana mismo podría tener prestaciones del Ayuntamiento, aunque estas no solucionan el problema", ya que a su entender "en esta unidad familiar se mantiene en el tiempo una inseguridad económica que no puede hacer frente a un alquiler".

   Por ello, ha estimado la edil ferrolana que lo que necesita esta familia es "un alquiler mucho más barato, que se lo puede proporcionar la Xunta, que es la que tiene las competencias en materia de vivienda según la legislación actual".

  

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