PONTEVEDRA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) de Pontevedra ha expresado su rechazo a la solicitud presentada por la empresa química Elnosa para que se le conceda Autorización Ambiental Integrada, un requisito que está obligada a tramitar transcurridos cuatro años desde su concesión, para poder renovar la autorización de vertido.
Así, la APDR apela a la Administración para que le denieguen ese permiso y para que abra un expediente de caducidad que determine la suspensión del uso y explotación de las instalaciones que ocupa, así como el desmantelamiento y recuperación de los terrenos.
El colectivo ecologista también demanda que se le imponga a Elnosa una fianza equivalente al coste de éstas últimas acciones "en el caso probable de que la empresa intentara evadirse de las responsabilidades que, por ley, le vienen impuestas", señaló el vicepresidente de la APDR, Benito Andrade.
Andrade añade que "la planta de Elnosa en Lourizán provocó y sigue provocando una fuerte contaminación y supone un elevado riesgo para la población de la comarca de Pontevedra". El vicepresidente del colectivo ecologista argumenta que la empresa "hace ver en su autorización que se encuentra en situación de incumplimiento del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas".
"AMENAZA REAL"
Benito Andrade explica que "el incumplimiento de esta ley supone para la ciudadanía una amenaza real" en dos aspectos: por una parte, desde la APDR denuncian que "Elnosa sigue vertiendo cantidades importantes de mercurio a la Ría de Pontevedra"; por otra, la organización ecologista alerta que "la empresa sigue almacenando grandes cantidades de cloro en depósitos, lo que genera un serio riesgo de accidente".
La APDR califica de "sorprendente" que Elnosa pretenda mantener el mismo sistema de producción hasta 2020, por considerarlo "el más peligroso y contaminante de los reconocidos". Benito Andrade destaca que "la empresa planifica su transformación tecnológica para dos años después de que deba haber desmantelado su planta"; se refiere así a la fecha límite del 2018, en la que caduca la concesión de los terrenos de dominio público marítimo terrestre.
El colectivo ecologista considera "absurdo" que Elnosa aspire a seguir en su actual emplazamiento y sospecha que "una vez denegada la autorización, pretende cerrar sus instalaciones sin devolver los terrenos en el estado en que se encontraban y sin descontaminar la zona".
