Denuncian que Audasa quiere lograr un "rescate" del tramo entre Puxeiros y Tui por la vía de "los peajes a la sombra"
VIGO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
Responsables del sindicato CIG pidieron hoy en Vigo que la titularidad de la autopista AP-9 pase a manos públicas y que, de esta forma, se priorice el "servicio público" al objetivo de lograr beneficios, en la misma línea de las manifestaciones realizadas por el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana.
El secretario del sindicato en la comarca de Vigo, Xerardo Abraldes, presentó un informe sobre Audasa junto a responsables sindicales de O Porriño y O Morrazo y apostó por la creación de una empresa pública para gestionar este vial, que consideró una infraestructura "estratégica" para esta zona pero que, según lamentó, está "en manos de una empresa financiera internacional" en referencia a Citi, que recientemente adquirió a Sacyr la filial Itínere que gestiona la AP-9 y otras autopistas.
Así, afirmó que "Citi no viene a Vigo a prestar servicios sino a seguir especulando y sacar una buena tajada para tapar agujeros de otras inversiones".
En este sentido, denunció la falta de mantenimiento de las autopistas de la empresa Audasa (titular de la AP-9) en aspectos como el estado del firme, la señalización o la iluminación, e incidió en que el hecho de que una empresa pública pase a gestionarlas, sin la supresión del peaje pero priorizando el buen servicio frente a los beneficios, supondrá una mejora.
Por otra parte, en cuanto al proyecto de ampliación del Puente de Rande manifestó su esperanza en que, de seguir en manos privadas, sea la concesionaria la que asuma el coste, pese a que lamentó la "falta de compromiso real" con la que, a su juicio, trabaja la Administración. "Tememos que pasarán las elecciones, pasará el debate de ampliación del puente y, después de unos cuantos años, seguirá sin solución".
Así, juzgó "necesaria la ampliación" debido al colapso de Rande y recordó que el Estado dispone de "legislación de su mano para obligarla a hacer la obra". En este sentido, explicó que una ley de 1972 afirma que "el concesionario deberá conservar la vía, sus accesos, señalización y servicios reglamentarios en perfectas condiciones de utilización, facilitando en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen molestias, incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de la vía".
AUDASA
Por su parte, el responsable de la Unión Local de la CIG en O Porriño (Pontevedra), Tano Guerra, explicó los principales contenidos del informe sobre Audasa y denunció "carencias", especialmente en las conexiones del sur de Galicia, en aspectos como la señalización de las diferentes vías alternativas que se pueden utilizar.
Además, lamentó que mientras la autovía A-55 a O Porriño, que comunica con los polígonos industriales de la comarca, está colapsada, con un tráfico diario entre 45.000 y 50.000 vehículos, la conexión de autopista en esta zona (que une Puxeiros con Tui) no registra ni el "10 por ciento", del total, puesto que el peaje que hay que abonar es, según la CIG "abusivo".
Guerra interpretó esta falta de uso de la autopista como una "estrategia" de Audasa para lograr que la Administración pública "rescate" la concesión por la vía de "los peajes a la sombra", como, según afirmó, ocurrió con la liberalización de los tramos de Rande y A Barcala ejecutada por la Xunta, mediante la que la empresa recibe "unos 8 o 9 millones de euros cada año".
Así, la CIG considera necesario que se realice una "cuantiosísima reducción" del importe del peaje en el tramo Puxeiros-Tui de la AP-9.
Por otra parte, también denunció deficiencias en materia de seguridad, especialmente con el problema que generan los guardarraíles a los motociclistas o la carencia de salidas de emergencia en la mayoría de los túneles; de iluminación y en el número de cabinas para abonar los peajes. En este último aspecto, denunció que "no ha habido cambios en los últimos 15 años pero la intensidad del tráfico aumentó un 15 por ciento".
Finalmente, instó al Ministerio de Fomento a que controle el servicio que presta Audasa y a la Consellería de Política Territorial que vele "para que la ley se cumpla", al tiempo que le recriminó que, tras la compra efectuada por Citi "salieran cargos públicos a exigir" lo que "no se le exigió a Sacyr".
FERROCARRIL
Además, el responsable de la Unión Local de O Morrazo, Suso García, se refirió a los "problemas de comunicación" que tiene esta comarca pontevedresa, tanto en el transporte por carretera, que está "colapsado" y por la "descoordinación" existente entre los medios de comunicación colectivos a ambos lados de la Ría de Vigo, que afecta a los usuarios del transporte marítimo.
Finalmente, también defendió la necesidad de "potenciar el ferrocarril", especialmente para el traslado de mercancías de los puertos de la provincia, Vigo, Marín y Vilagarcía, y evitar así la saturación de las carreteras.
