La legislación autonómica establece sanciones de entre 60 y hasta 600.000 euros por infracciones leves a muy graves
A CORUÑA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
Las conductas de riesgo por parte de particulares y las "llamadas abusivas" al servicio de emergencias 112 han descendido en Galicia, autonomía en la que en verano aumentan las emergencias en el mar, según han apuntado a Europa Press desde la Xunta de Galicia.
Una actitud negligente, generar falsas alarmas o lo que el 112 denomina "llamadas abusivas" --las que alteran el normal funcionamiento del mismo-- puede tener sus consecuencias, de acuerdo con la legislación autonómica.
Así, distintos artículos de la Lei de Emerxencias califican como graves "aquellas conductas que supongan la desatención de las prohibiciones u órdenes emanadas" por Protección Civil cuando esté activado "un plan o emergencia declarado".
Por ello, se establecen sanciones que buscan servir "de elemento disuasorio de actuaciones que pondrían riesgo no solo la propia vida sino la de terceras personas, incluidos los propios miembros de los equipos de rescate, como ya ocurrió tristemente en el pasado", apuntan desde la Consellería de Presidencia.
LLAMADAS ABUSIVAS
Con todo, señalan que tanto las conductas de riesgo como las "llamadas abusivas al 112" han registrado una reducción en los últimos años. "Las personas son mucho más conscientes de la importancia de acatar las indicaciones y las prohibiciones", aclaran.
En el caso de las "llamadas abusivas", el 112 Galicia dispone de un sistema que permite identificar, mediante criterios como el número de llamadas día/mes, a aquellas personas que "de manera reiterada, inciden negativamente en la prestación del servicio de emergencias".
Mediante el mismo, son incorporados a una base de datos "que cuando vuelve a llamar al 112, escuchan una alocución adviertiéndoles de las consecuencias de su llamada como 'maliciosa'", explican desde la Xunta. Con todo, se coge la llamada telefónica al ser un servicio que actúa "bajo un criterio de respuesta permanente", recuerdan.
SANCIONES
En cuanto a las sanciones, apuntan que van desde infracciones muy graves, de más de 15.000 euros hasta 600.000 euros; graves, de más de 1.000 euros hasta 15.000 y leves de 60 euros hasta 1.000 euros.
Entre las primeras, se incluyen no adoptar medidas de autoprotección o no mantener los medios personales y materiales necesarios para afrontar situaciones de riesgo y emergencia o no respetar las órdenes e instrucciones dictadas por Protección Civil.
Infracciones graves son, entre otras, no comunicar a las autoridades competentes cualquier circunstancia o incidencia que pueda generar situaciones de emergencia o realizar "llamadas abusivas, insultantes, amenazadoras o jocosas de manera reiterada al 112 o llamadas reiteradas con las que se comunican avisos falsos de urgencias". Entre las leves, están también las llamadas injustificadas o no seguir las instrucciones dispuestas.
EMERGENCIAS EN EL MAR
Mientras, desde la Consellería do Mar han explicado que las emergencias aumentan en el verano por el mayor número de embarcaciones de recreo navegando en aguas gallegas. "Suelen ser remolques de embarcaciones y rescates de personas que quedaron aisladas en rocas al subir la marea o por el oleaje", explican.
También aumentan las evacuaciones desde islas y acantilados. Sobre las falsas alarmas de desaparecidos, precisan que son "menos habituales, pero también suele darse algún caso".
En cuanto a la mayoría de las asistencias en las que intervienen los medios de rescate, aseguran que suelen ser por evacuación de tripulantes por motivos de salud o personas que sufren un problema vinculados con alguna actividad marítima. A ello, se suman otras por remolque de embarcaciones.
En lo que va de año, hasta el 9 de agosto, las actuaciones de rescate y/o asistencia y lucha contra la contaminación realizados por medios de Gardacostas se elevó a 19 en el caso de los buques y 29 en el de los helicópteros. En 2018, fueron, en total, 67 y 46, respectivamente.
GASTOS
Desde la Consellería do Mar, explican que, antes de exigir el pago por una intervención, se analiza "cada caso como las posibles negligencias o el contexto" y que se requiere al seguro, al que la Lei de Pesca de Galicia obliga a estar suscrito.
En el caso de emitir factura, si la persona afectada está en contra de la resolución tiene la posibilidad de recurrir. Mientras, aclaran que están exentas de cobro aquellas intervenciones sin resultado positivo, como los casos en las que la persona rescatada falleció.
En 2018, el importe facturado se elevó a 75.544,20 euros, recaudando de esta cuantía 41.167,18 euros. Hasta el 9 de agosto de este año, la cantidad facturada se elevó a 9.533,33 euros, de lo que se ha recaudado 5.683,33 euros. "Lo que está pendiente de cobro se debe a que está en tramitación o por vía ejecutiva", apuntan desde la Administración autonómica.
Sobre los gastos que implica un rescate, señalan también que, de acuerdo con un decreto de la Xunta de 2012, el coste de un helicóptero supone 2.200 euros la hora; mientras que el de una embarcación, según la eslora, varía entre los 450 y los 2.200 euros al día. En el caso de los medios humanos, supone 37 euros la hora.
Mientras, por parte de Salvamento Marítimo han asegurado que "el salvamento de la vida humana no se cobra nunca", de acuerdo con una orden ministerial de 2013, aunque precisan que, en cambio, sí se pueden cobrar "servicios como el remolque o recuperación de embarcaciones, con independencia de si se ha cometido una imprudencia o no". Hasta el 31 de julio de este año, sus efectivos asistieron a 450 personas y a 171 embarcaciones.
