MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados convalidará este jueves el decreto ley de 21 de febrero por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica, y se comprometen al menos 150 millones de euros en ayudas a los afectados.
Según relató el Gobierno en el Consejo de Ministros del 21 de febrero, que aprobó la norma, se han visto afectados por los temporales los municipios costeros de las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco; daños que han alcanzado, tanto a bienes de particulares, fundamentalmente locales comerciales, viviendas y vehículos situados en las inmediaciones de zonas de playa o portuarias, como a bienes de titularidad pública de las distintas Administraciones.
A fecha de ese 21 de febrero y, de acuerdo con las estimaciones aportadas por distintas Administraciones, el Gobierno cifró los daños totales por encima de los 150 millones de euros: 20 millones de euros en bienes de particulares y 130 millones de euros en bienes públicos, destacando playas, puertos e infraestructuras ferroviarias.
"Analizados los daños, resulta de la máxima importancia adoptar medidas dirigidas a la restauración de infraestructuras en el dominio público marítimo terrestre, actuaciones que competen directamente al Ministerio de Medio Ambiente", sostiene.
A su juicio, ello resulta "necesario" para reparar elementos de defensa del litoral que han quedado afectados (playas, espigones, entre otros), e "imprescindibles" a la hora de hacer frente a la acción ordinaria del mar, así como para reparar paseos y zonas anexas a las playas y litorales, antes del inicio de la temporada turística.
AYUDAS A PEQUEÑOS COMERCIANTES
Por otro lado, dada la naturaleza de los daños y atendiendo al importante número de establecimientos mercantiles que en playas y zonas costeras han resultado dañados, el decreto ley, además de las medidas de ayuda más comunes ante este tipo de sucesos catastróficos, contiene disposiciones específicas para ayudar en particular a empresas de pequeño tamaño que hayan visto afectados sus establecimientos turísticos y de otra naturaleza, ampliando las ayudas ya existentes.
Además, para que los municipios costeros concernidos puedan reparar los daños antes del comienzo de la temporada turística, se incluye una convocatoria especial de préstamos bonificados a través del Fondo Financiero para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT), con el fin de financiar las obras de reparación de las infraestructuras turísticas municipales y establecimientos turísticos privados que hayan quedado afectados.
En el ámbito del Ministerio de Interior se flexibilizan los requisitos exigidos para la concesión de ayudas en situaciones de emergencia, de manera que se amplía de uno a dos meses el plazo para presentar las solicitudes para cualquiera de estas ayudas, y se reduce de seis a tres meses el plazo para resolver.
Entre otras también se contemplan ayudas por daños personales (fallecimiento o incapacidad), por daños materiales en viviendas habituales y enseres, ayudas a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, pesqueros y turísticos, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.
