Los emigrantes censuran la "deuda histórica" del Estado y abren el debate de hasta qué grado de descendencia mantener las ayudas
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las comunidades gallegas en el exterior reivindicarán ante el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que se deje de cuestionar "de inmediato" la participación de los emigrantes en los procesos electorales para lo que ven "fundamental" que los miembros de la diáspora puedan votar en urna.
Así lo certifica una de las cuatro ponencias elaboradas por expertos y miembros de los centros gallegos que se debatirán en la reunión del IX Pleno del Consejo de Comunidades Gallegas. Este evento se celebrará en Montevideo (Uruguay) los próximos 7 y 8 de diciembre y contará con la presencia del presidente gallego, dentro del viaje que este miércoles emprende y que también lo llevará a Salvador de Bahía (Brasil) y Buenos Aires (Argentina).
En el texto, que diserta sobre el concepto de 'galleguidad', se defiende terminar con la polémica sobre el derecho a voto de los emigrantes en los distintos procesos electorales y considera que esto sólo se puede lograr con "transparencia", es decir, garantizando que el sufragio se somete fuera "a iguales recaudos y garantías" que el que se emite en el territorio.
"La fiesta de la democracia tiene que ser la festividad de todos y depositar el voto, de forma personal, en la urna de votación es la expresión máxima de nuestros derechos políticos", recoge la ponencia, en la que se pide también la "revisión y depuración" del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
El documento, preparado para el debate, subraya que la democracia nace "contando a los electores" y garantizando que cada voto "es igual a otro", por lo que ve la "depuración" del CERA una "obligación de carácter prioritario" para el Estado español. "Sólo ejerceremos libre y conscientemente nuestro voto cuando tengamos la seguridad de su verdadero valor: un elector, un voto", concluye.
INVERSIÓN ASISTENCIAL
Otra de las ponencias a debate en el IX Pleno del Consejo versa sobre las políticas socioasistenciales de la emigración, su evolución a lo largo de los años y la legislación que las regula, pero también analiza desde una postura crítica la postura del Gobierno central con respecto a la prestación de estos servicios.
De este modo, destaca que desde la aprobación de la ley de reconocimiento de la galleguidad --en 1983--, las diferentes acciones de la Xunta en el campo asistencial para la emigración se han financiado "con fondos propios" y sin recibir "ningún tipo de recursos" del Gobierno central, a excepción de aportaciones de "entre 60.000 y 90.000 euros" que "en algunos años" destinó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de un convenio firmado para apoyar los programas de viajes de mayores a Galicia.
Según destaca, estas aportaciones representaron, en su momento, "sólo un 0,86 por ciento" del presupuesto total anual destinado por la Xunta a la emigración. De hecho, precisa que el Gobierno gallego destinó entre 1984 y 1989 un total de 5,2 millones para la ejecución de los programas y acciones para los emigrantes gallegos y sus comunidades.
En el período comprendido entre 1990 y 2004, el importe total de la inversión fue de 64,2 millones de euros, mientras que, entre 2005 y 2009, sólo en el capítulo para financiar programas socioasistenciales dirigidos a los gallegos mayores en el exterior, la Xunta invirtió más de 12 millones de euros.
"ACTUALIZAR" PROGRAMAS
Además de la "deuda histórica" del Estado con Galicia en materia de emigración, la ponencia abre la puerta a debatir sobre la necesidad de "actualizar o readaptar" los programas de la Xunta. "¿Deben realizarse cambios en el programa de ayudas económicas de carácter individual? ¿Puede mantenerse como colectivo de posibles beneficiarios --en algún país-- a los gallegos y descendientes con nacionalidad española sin limitar su grado de ascendencia?", se pregunta.
Al hilo de esta cuestión, el texto resalta el elevado incremento de este tipo de solicitudes en los últimos años y de su presupuesto --de 1,3 millones de euros (en 2007) a 2,3 millones (en 2009)-- y agrega que, con estas cifras, "no parece que pueda mantenerse" un esfuerzo que --insiste-- "debería compartir el propio Estado".
Así, plantea la posibilidad de reclamar de la Administración del Estado "un impulso real y efectivo" de la política de ayudas y subvenciones para el mantenimiento de los diversos servicios que prestan los centros y comunidades a la colectividad española en el exterior. También propone debatir sobre posibles cambios en los programas de reencuentros familiares y de estancia temporal en Galicia.
La tercera de las ponencias trata sobre el futuro de la mujer y de los jóvenes en la diáspora, abogando por "estrechar los lazos" entre los jóvenes que viven en el exterior y los que residen en la comunidad a través del fomento de acciones conjuntas. Por último, la cuarta ponencia profundiza en la necesidad de apostar por la innovación tecnológica para "facilitar" la relación de las distintas colectividades con la Administración gallega.
ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN
El Pleno del Consejo de Comunidades Gallegas constituye el máximo órgano de representación de las comunidades gallegas asentadas en el exterior, y centrará sus jornadas en las políticas sociosanitarias de la emigración, la 'galleguidad', tecnología, cultura, mujer y juventud. El último encuentro del Consejo se produjo en agosto de 2006 en Santiago de Compostela.
El primer plenario se celebró en julio de 1985 también en la capital gallega y, desde entonces, este órgano se reúne con una periodicidad de tres años. Sus sesiones cuentan con la participación de todas las entidades en el exterior que tienen reconocida su galleguidad y los representantes de las instituciones autonómicas previstos en la Lei da Galeguidade.
Desde su creación, este órgano desempeña funciones consultivas y de asesoramiento de Galicia para su acción exterior y está llamado, como explica el secretario xeral de Emigración, Santiago Camba, en la web de presentación del IX pleno, a abrir "nuevos espacios de colaboración y responsabilidad que reviertan en la obra de la emigración".
