Una delegación de la Xunta presentó en Bruselas en mayo el plan de actuación para corregir la contaminación
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Consellería de Medio Ambiente recordó hoy a la Comisión Europea que el plan de actuación para el saneamiento de la Ría de Vigo "está en marcha" y cuenta con unos 29 millones ya presupuestados para obras por lo que atribuyó a "un error" la advertencia de Bruselas de multar a España por no haber adoptado un programa para reducir la contaminación en esas aguas.
En declaraciones a Europa Press, fuentes de Medio Ambiente insistieron hoy en que el 11 de abril de 2006 se remitió por correo a la Comisión Europea un informe sobre la contaminación de la Ría de Vigo "que incluía un plan de actuación", que recoge la construcción de una depuradora en Baiona, la de Vigo y mejoras en depuradoras de la ría.
Además, el 19 de mayo de 2006 una delegación de la Consellería de Medio Ambiente se desplazó a Bruselas para entregarle en mano a la Comisión Europea el plan de actuación para corregir la contaminación de la ría viguesa. "Además lo discutieron y abordaron", subrayaron las mismas fuentes.
Posteriormente, el pasado 28 de noviembre Medio Ambiente remitió un nuevo documento en el que ponía al día a la Comisión Europea sobre el grado de ejecución de ese plan de saneamiento. "Ahí se demuestra que se está ejecutando y acortando los plazos incluidos en el primer informe", sentenciaron las mismas fuentes.
MULTA
La Comisión Europea amenazó hoy con multar a España por no haber adoptado un programa para reducir la contaminación de las aguas de la Ría de Vigo dedicadas a la cría de marisco, tal y como le exigía una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) de 2005.
Bruselas aseguró que no ha recibido ninguna información de las autoridades españolas sobre la adopción de este plan para acabar con la polución de la Ría de Vigo, con lo que se mantiene la infracción de la directiva sobre la calidad del agua para la cría de moluscos.
La advertencia del Ejecutivo comunitario adopta la forma de una carta de emplazamiento, primera etapa de un nuevo procedimiento de infracción para garantizar que España respete la sentencia del Tribunal. Ahora, las autoridades españolas competentes, en este caso la Xunta de Galicia, tienen un plazo de dos meses para responder a este requerimiento. Si no actúan, al final del proceso la Comisión podría solicitar al Tribunal la imposición de multas diarias.
