SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Xunta aprobó hoy el decreto que regula el registro de convenios de la Administración con el objetivo de garantizar la transparencia a partir de la inclusión de todos los que establezca tanto el Gobierno como sus organismos autónomos, los entes de derecho público, las sociedades mercantiles con capital mayoritario de la Xunta y las fundaciones y los consorcios con órganos de decisión integrados mayoritariamente por representantes designados por el Ejecutivo gallego.
Además, este registro también incluirá las prórrogas, modificaciones, addendas o acuerdos de resolución de los convenios, a diferencia del que existía hasta ahora, en la Secretaría Xeral de Relacións Institucionais, que, a juicio del bipartito, estaba "infradotado de medios y en su capacidad de actuación", puesto que sólo recogía los convenios aprobados por el Consello, es decir, los que recogen obligaciones plurianuales o que superan la cuantía de 150.000 euros para un año.
De esta forma, el nuevo modelo incluye todos los convenios y estará al alcance de toda la ciudadanía a través de la página de la Xunta, gestionado por la Secretaría Xeral de Relacións Institucionais, que se verá obligada a dotar de "mayor sistematicidad y transparencia" la actividad convencional de la Xunta y de sus órganos dependientes.
El objetivo fundamental es ampliar y delimitar el ámbito del registro, regular sus procedimientos de organización y de gestión y establecer mecanismos ágiles de publicidad y acceso, mediante las nuevas tecnologías y, en concreto, el acceso a internet.
ASESORÍA JURÍDICA
Además, el Gobierno aprobó el decreto que fija la regulación orgánica de la Asesoría Xurídica de la Xunta, con el establecimiento de una Secretaría de Asuntos Xerais, dependiente de la Dirección Xeral de Asuntos Xerais, con rango de jefatura de servicio, a la que le corresponderán los asuntos de gestión de personas y presupuestaria, registro general, archivo, biblioteca y todo lo relacionado al régimen interior del centro directivo.
Por otra parte, el Ejecutivo acordó sancionar una bodega ourensana con una multa global de 36.000 euros por cometer una infracción muy grave y tres graves en materia de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria.
La Consellería de Medio Rural fue la que propuso una sanción de 30.001 euros para esta bodega, como consecuencia de aplicar la sanción prevista por falsificación de productos o por venta de falsificaciones. Además, también figuran tres multas de 2.001 euros cada una por una infracción derivada de la falta de libro-registro de entradas y salidas, del libro de embotellados y por no presentar la declaración de existencias.
