La Xunta repartió más de 25 millones de euros entre 2002 y 2005 aceptando "recibís" como justificante de los pagos
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
El conselleiro maior del Consello de Contas, Antonio López Díaz, denunció hoy "irregularidades" en la concesión de subvenciones a federaciones y clubes deportivos en los ejercicios comprendidos de 2002 a 2005 coincidiendo con la "última etapa" del Gobierno de Manuel Fraga, que abandonó San Caetano en verano de 2005.
Así lo aseguró hoy López Díaz, después de entregar a la presidenta del Parlamento gallego, Pilar Rojo, un informe que revela que la regulación de las bases de las ayudas concedidas a entidades deportivas en este período --la última orden fiscalizada data de noviembre de 2004-- "no es conforme a derecho" por lo que no se "salvaguardó la integridad de los fondos públicos".
El documento elaborado por el órgano fiscalizador indica que la Xunta repartió entre federaciones y clubes más de 25 millones de euros entre 2004 y 2005 --14,9 en 2002 y 2003 y 12,8 millones más en los dos ejercicios siguientes-- aceptando "recibís" como justificación "válida" de los pagos realizados al personal directivo y colaborador de las federaciones, así como de los pagos de ayudas a los clubes.
Además, el informe indica que en 2002 y 2003 las ayudas fueron satisfechas con la presentación de "meras certificaciones de gasto", sin que su adjudicación se ajustara "a la concurrencia competitiva". En 2004 y 2005, puntualiza el órgano fiscalizador, "no se requirió la prueba de pago de las facturas".
Entre otras "irregularidades", el Consello de Contas denuncia que "no se verificó" la exigencia de rendición de una cuenta "justificativa" de la actividad global de federaciones y clubes deportivos. El informe alerta, además, de que no se efectuó la publicación de las ayudas concedidas, "en menoscabo" del interés público y de la "transparencia exigible" a los procedimientos de concurrencia competitiva.
"FISCALIZACIÓN LIMITADA" DE LA XUNTA
Por otra parte, el Consello de Contas subraya que la Intervención de la Comunidad realiza sus controles bajo la modalidad de "fiscalización limitada", sin que exista "constancia", por parte del control interno, de la "fiscalización plena de carácter posterior" en ninguno de los ejercicios estudiados.
En relación con la fase posterior a la justificación, el informe señala que la Dirección Xeral para o Deporte ordenó la realización de auditorías "externas".
No obstante, reprueba que, pese a verificarse la retención "irregular" de subvenciones en el patrimonio de alguna federación --auditoría de las subvenciones otorgadas a la Federación Galega de Automobilismo en 2005, por ejemplo-- no se produjese "ninguna actuación correctora ni sancionadora".
RECOMENDACIONES
Tras las "irregularidades" detectadas, el Consello de Contas insta a la Administración autonómica a "adecuar a la legalidad" el contenido de las convocatorias de concesión de las ayudas, de forma que respondan "a la concurrencia competitiva" y a cumplir "la obligación" de publicar las cantidades adjudicadas así como sus beneficiarios "cuando sea preceptivo".
También insta a establecer "con carácter detallado" los medios de justificación de las ayudas, efectuando comprobaciones relativas "al ajuste y realidad" de las actividades ejecutadas en relación con las presupuestadas. Además, ratifica la necesidad de "requerir" la prueba material del pago de las facturas y recomienda la práctica de su "estampillado" con el fin de evitar la presentación de los mismos gastos "en más de una entidad pública".
En cuanto a los casos en los que se detectó la falta de justificación de las ayudas por parte de federaciones y clubes, el órgano fiscalizador pide a la Dirección Xeral para o Deporte que inste a estas entidades a la "debida rendición" de las mismas, procediendo, en su caso, al reintegro de las cuantías "insuficientemente justificadas".
Por último, aconseja a la Administración "reforzar" los mecanismos de control interno y apusta por implantar sistemas de control financiero "de carácter posterior". Al tiempo, apuesta por implementar las actuaciones "correctoras" que se deriven de las "irregularidades detectadas".
