La Xunta da luz verde a la Lei de Participación Institucional para reconocer y regularizar la implicación de los agentes sociales
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Confederación de Empresarios de Galicia y las centrales sindicales recibirán un total de dos millones de euros en el próximo ejercicio en compensación por su colaboración con la Xunta en el diseño de políticas de empleo, empresariales y de actuación social y sanitaria.
Esta partida, que se recogerá en los presupuestos de 2009, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Consellería de Traballo, se repartirá al 50 por ciento entre la patronal y los sindicatos, que se repartirán un millón de euros de forma proporcional a su representatividad en Galicia.
Las compensaciones se otorgarán a los agentes económicos y sociales por su participación en el diseño de estas políticas, tal y como aparece recogido en el proyecto de Lei de Participación Institucional, que aprobó hoy el Consello de la Xunta.
Tras la reunión del Consello, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, reivindicó que esta normativa cumple con el compromiso nacido del acuerdo social por el empleo, en el que se impulsaba en nueve líneas estratégicas, la participación de los agentes sociales en la confección de las políticas en los referidos ámbitos. De este modo, se da rango legal a la promesa del Gobierno gallego de reconocer la implicación de los agentes sociales en la vida económica.
La participación institucional se define en la normativa como el ejercicio de las tareas y actividades de promoción y defensa de los intereses generales, comunes, sectoriales e intersectoriales, que corresponden a todos los trabajadores y empresarios en los órganos de asesoramiento y participación de la Administración.
OBJETIVO
El objetivo del proyecto de ley radica en fijar los criterios para la participación de las organizaciones sindicales en los órganos de asesoramiento, puesto que hasta ahora no existían tales parámetros mínimos y homogéneos para todas las consellerías que regulan esta participación. Del mismo modo, se marca como fin la regulación de los mecanismos de evaluación, seguimiento y control, para que la gestión de las compensaciones previstas se realice con total transparencia.
El ámbito de aplicación de esta ley abarcará los órganos de asesoramiento y participación de los organismos autónomos y demás entidades de derecho público de la Comunidad gallega, incluidos los dependientes de las consellerías con competencias atribuidas con carácter laboral, social y económico.
Entre los derechos y deberes que se recogen, la normativa estipula que la participación institucional se hará efectiva a través de la presencia de la representación de las organizaciones sindicales y empresariales intersectoriales más representativas en la elaboración, seguimiento y ejecución de planes.
BUENA FE Y CONFIDENCIALIDAD
Además, las organizaciones sindicales y empresariales deberán desarrollar sus tareas de acuerdo con los principios de buena fe negociadora y confianza legítima. El texto obliga a asistir a las reuniones a las personas que ejerzan funciones de participación institucional, así como les otorga la misión de custodiar y guardar la confidencialidad de las deliberaciones.
Quedan excluidas las sociedades privadas, fundaciones públicas y sociedades mercantiles, que se caractericen por tener un capital de participación mayoritario, directa o indirectamente, de la Comunidad Autónoma o de sus organismo autónomos, así como las demás entidades de derecho público de la comunidad.
