Las sanciones podrán alcanzar los 1,2 millones y se prohibirá construir sobre suelo declarado como contaminado
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 May. (EUROPA PRESS) -
Todas las empresas que generen resíduos industriales tendrán que hacer anuelamente un autoanálisis ambiental que posteriormente deberá ser ratificado por el órgano de control de la Xunta, que, además, realizará auditorías para verificar que la información aportada es correcta.
Así lo establece la Lei de Residuos de Galicia, que aprobó hoy el Consello de la Xunta y en la que apuesta por que estas industrias optimicen sus instalaciones y apliquen técnicas de producción limpia o mecanismos que reduzcan los desechos. Asimismo, se implementará una nueva auditoría ambiental, que implica la colaboración con el Gobierno gallego para identificar los puntos críticos de las empresas y para que mejoren su "ecoeficiencia".
De este modo, se creará un "marco único e integral" con el objetivo de potenciar la prevención y reducción en la producción de desechos. "Fomenta la reducción, reutilización, reciclaje y otras formas de valorización", resumió el presidente autonómico, Emilio Pérez Touriño, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gabinete.
La comunidad contará por primera vez con una normativa que trate este aspecto, ya que hasta la fecha "estaba colgada" de la legislación estatal, con lo que se adaptará a las directivas europeas. Además, el mandatario rechazó las críticas del Consello Económico e Social, que censuró el texto por considerar que primaba la incineración, y enfatizó que la ley supone una "apuesta inequívoca" por el reciclaje.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
En cualquier caso, se regularán las obligaciones de los responsables de poner en el mercado productos que, con su uso, se convierten en residuos, así como la gestión que de éstos se pueden realizar. Asimismo, la ley recoge un seguro de responsabilidad civil y la prestación de una fianza, a la que quedarán sujetas tanto las actividades de gestión de deshechos como sus productores.
También se dispone que se podrán expropiar forzosamente terrenos para instalaciones de gestión de residuos y se exigirá una autorización administrativa para actividades productoras de residuos peligrosos.
En cuanto a la inspección, vigilancia y control, la norma establece que estas tareas le corresponden a la Consellería de Medio Ambiente o al ayuntamiento correspondiente. Así, se recoge el principio de reparación del medio ambiente alterado con independencia de la sanción impuesta, que, "en ningún caso", resultará más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de la disposición inflingida.
SANCIONES.
Así, la sanciones irán desde los 601,02 euros de las faltas leves hasta los 1,2 millones de las más graves, que incluso podrán suponer la inhabilitación entre uno y diez años para el ejercicio de las actividades previstas en la ley. En caso de abandono de vertidos privados en espacios públicos, los municipios podrán proponer alternativas a las multas, como la prestación personal de servicios de limpieza.
A mayores, la Xunta podrá declarar un suelo como contaminado, lo que obliga a su descontaminación, independientemente del tipo transcurrido desde que se produjo la contaminación. Además, no se podrán ejecutar desarrollos urbanísticos sobre suelos contaminados.
