Ana Miranda insiste en que se deben hacer públicos los documentos que centran el expediente abierto contra el Estado
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, ha respaldado la negativa de la Comisión Europea (CE) a hacer público el acceso a la infracción abierta contra España en materia de seguridad ferroviaria por el accidente de Angrois al considerar que el procedimiento sigue "en curso".
Así lo asegura en una respuesta a la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, en la que considera que la negativa de la CE está "legalmente justificada" toda vez que el procedimiento estaba en curso y, por tanto, que la "divulgación de los documentos sería contraria a la protección del objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoria".
"El interés público se garantiza mejor si se permite que el procedimiento continúe sin divulgarse públicamente los documentos solicitados", indica la defensora, que reconoce que la publicación sí "podría ser precedente" en una "fase posterior, una vez que termine el procedimiento o si se produce un cambio de circunstancias que lo justifique".
En su respuesta, la defensora del Pueblo Europeo asegura ser "consciente" de la "magnitud" de la tragedia de Angrois, en la que fallecieron 80 personas y más de un centenar resultaron heridas, así como del "deseo de que se exijan todas las responsabilidades que procedan en el ámbito de la seguridad ferroviaria en España".
EL BNG EXIGE LA DOCUMENTACIÓN
Una vez conocida la posición de la defensora, la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, ha insistido en que se debe conocer esta documentación relacionada con el accidente ferroviario registrado en 2013 en Santiago de Compostela y que motivó la apertura del proceso de infracción contra el Estado español en enero de este año.
Miranda recuerda que el Estado no impulsó una comisión de investigación independiente, que no se depuraron responsabilidades políticas ni técnicas, y que tampoco se implementó la normativa de seguridad europea para evitar otro accidente similar. Por ello, defiende que la Comisión de reconsiderar su negativa a hacer públicos estos documentos y permitir que la sociedad conozca las "causas reales" del siniestro.
"No entendemos que la Defensora del Pueblo Europeo reconozca por una parte la magnitud de la tragedia que dio lugar a la reclamación y el deseo de que se exijan todas las responsabilidades y, por otro, considere que en esta fase del procedimiento el interés público se garantiza mejor si no se permite el acceso", señala Ana Miranda, que recuerda la reunión que mantuvo con Emily O'Reilly el pasado 2 de julio.
Pese a esta negativa de la Comisión Europea a hacer públicos los informes en los que se basa el procedimiento de infracción, para Ana Miranda, "la esperanza de encontrar la verdad y la justicia para las víctimas sigue estando en el procedimiento de infracción abierto en Europa".
