Otra delegación encabezada por Gómez-Reino analizará el jueves en Bruselas la situación del transporte de viajeros en la ría de Vigo
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 May. (EUROPA PRESS) -
Una delegación de la Xunta, encabezada por el secretario xeral de Relacións Exteriores, Santiago Gómez-Reino, defenderá el viernes ante la Comisión Europea el informe para sanear la ría de Vigo y tratar de evitar así la sanción de 20 millones de euros que la Unión Europea impuso a España por la baja calidad de las aguas para la cría de moluscos y la falta de un programa de reducción de la contaminación.
El plan que presentará el Ejecutivo gallego ante la Comisión Europea recoge un plazo de ejecución de seis años y un presupuesto de 125 millones de euros, que irán destinados en su mayoría a la construcción de una nueva depuradora en Vigo, "la actuación fundamental y estrella" del proyecto, según informó la pasada semana en el Parlamento el conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez.
Precisamente personal de la Consellería de Medio Ambiente acompañará a Gómez-Reino el viernes, así como técnicos de los departamentos de Pesca e Innovación; el director xeral de Orzamentos, Pedro Antonio Fernández; y el director de la Asesoría Xurídica de la Xunta, José Vicente Alvariño.
El objetivo de la delegación de la Xunta es demostrar ante la Unión Europea la voluntad del Ejecutivo gallego de solucionar la problemática de la ría de Vigo. Las autoridades europeas pueden ratificar la sanción --que se cobrará cada seis meses hasta que se solucione la contaminación--, retirarla o ampliar el plazo para que el Gobierno gallego tome medidas.
MONOPOLIO RÍA DE VIGO
El secretario xeral de Relacións Exteriores mantendrá otra reunión el jueves en Bruselas, en este caso para abordar la situación del transporte marítimo de la ría de Vigo, después de que la Unión Europea obligase a la Xunta a acabar con el monopolio en este servicio que ostenta la empresa Mar de Ons.
Junto a Gómez-Reino, que ya se encuentra en Bruselas, estarán el director xeral de Transportes de la Xunta, José Carlos Baños Márquez, y el director del Parque Nacional de las Illas Atlánticas, José Antonio Fernández.
Una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas condenó al Gobierno español porque la Lei autonómica de Transporte Público de viajeros en la ría de Vigo no se ajusta al Reglamento del Consejo Europeo y no respeta el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros.
