SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
Xavier Ferreira, doctor en Derecho y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela, ha defendido que existe una base legal para incorporar el Pazo de Meirás al patrimonio público, sustentada en su carácter de bien adscrito a la Jefatura del Estado.
Así lo ha valorado en una entrevista concedida a Radio Nacional de España en Galicia, recogida por Europa Press, y en la que sostiene que el "camino legal" tendría que ser el "inicio de una reclamación civil por parte de la administración del Estado" contra la familia Franco.
A partir de ese momento, "habría una anotación registral, preventiva, para que cualquier persona sepa que la decisión sobre la propiedad está sub iudice" --los herederos de Franco han puesto el Pazo a la venta por 8 millones de euros--.
La administración "más legitimada" para iniciar esta demanda civil, estima Ferreira, es el Gobierno porque se trata, precisamente, de "un bien del Estado", y puntualiza que sería "peligroso" que la comenzasen otras administraciones.
Tras la reclamación civil, el paso siguiente sería abrir un proceso administrativo "sencillo", de "expulsión" de los moradores del inmueble, los herederos del dictador Francisco Franco, que estableció el Pazo como su residencia de verano ya en 1938, en plena Guerra Civil, según explica Ferreira. En distintos documentos figura que lo había recibido como donación por parte de la Diputación de A Coruña tras una cuestación popular.
Xavier Ferreira, que formó parte de la Xunta pro Devolución del Pazo de Meirás, el organismo constituido por la actual Diputación para analizar la incorporación del inmueble al catálogo de bienes públicos, discrepa de la reciente reclamación del Ayuntamiento de Sada para que el Gobierno incluya la devolución del Pazo en la reforma de la Ley de Memoria Histórica.
El doctor en Derecho cree que el "Estado tendrá muy complicado a través de una ley la recuperación para el Patrimonio". "No lo veo claro, en tanto en cuanto no se dirima la propiedad", ha matizado.
Tampoco ve "claro" que, en caso de que el proceso de recuperación de la propiedad del Pazo prospere, los herederos de la familia Franco tuvieran que ser "indemnizados" por los gastos que ha acarreado el mantenimiento del edificio desde 1975.
"Ellos ocuparon irregularmente ese bien porque era de dominio público, ellos tendrían que iniciar acciones y se vería qué diría un Tribunal, pero sería una absoluta iniquidad que eso se produjera", ha zanjado.
VENTA DEL PAZO, "PROVOCACIÓN"
Aunque los herederos de Franco han puesto a la venta el Pazo a través de un portal inmobiliario, Ferreira limita esta acción a "una provocación", encaminada a lograr la compra por parte de las administraciones o a su expropiación, porque "fue un capricho de Franco y su hija, pero ahora les interesa más bien poco, solo quieren sacar dinero".
Rechaza que la urgencia del proceso de recuperación del Pazo esté asociada a esta venta y la enmarca más en una "urgencia histórica de 80 años".
"Llevamos muchos años hablando de la recuperación histórica pero los negocios jurídicos hechos durante los años 30 en pleno período bélico, bajo una coacción absoluta, quedaron impunes, y pasaron 40 años, y siguen impunes", ha remarcado.
