La regidora dimitirá en el pleno del próximo jueves, día 26
FERROL, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía no da por cerrado el caso de la urbanización de 13 chalets en San Martín do Porto por el que se condenó a la alcaldesa de Cabanas (A Coruña), Modesta Anca (PSdeG), a 8 años de inhabilitación y a pagar una multa de 5.400 euros por un delito contra la ordenación del territorio, y actuará contra los ediles socialistas de esta localidad que obtuvieron la "nulidad" en este caso.
En el fallo judicial también se condenaba al aparejador municipal sustituto, José Juan Rivera González, a 8 años de inhabilitación para ejercer cargo público y a una multa de 5.400 euros por el mismo delito. Asimismo, por el delito continuado de negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos la condena ascendía a 18 meses de inhabilitación y una multa de 5.400 euros.
Sin embargo, para el resto de los concejales imputados, los también socialistas, Jesús Freire, José Casimiro Rey, Luciano José Díaz y María José Cabana; la sentencia recogía la "nulidad" puesto que fueron imputados con el procedimiento abierto pudiéndose incurrir en "indefensión", según apuntaba la sentencia.
Ahora la Fiscalía retomará la causa e iniciará acciones contra los cuatro ediles a los que se acusa de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación. La acusación particular ejercida por Luis Salgado (Iniciativa Vecinal Cabanesa) explicó que por el momento "no se sabe cuándo van a pedir testimonio".
Asimismo, la sesión plenaria ordinaria del próximo jueves, 26 de octubre, que se llevará a cabo a las 19.30 horas, incluirá en el orden del día la dimisión de la alcaldesa Modesta Anca anunciada el pasado día 2 de octubre y la toma de posesión del actual alcalde en funciones, José Rey García.
La regidora ya anunció que no acudirá a dicho pleno y hoy ya no estuvo presente en la comisión donde se trataron los asuntos del orden del día.
DOCUMENTACIÓN
Los hechos por los que se instruye la causa se remontan al año 99 cuando el 27 de octubre de ese año se aprueba en pleno el estudio de detalle de una urbanización situada en las inmediaciones de la playa de A Magdalena y colindante con la vía del ferrocarril.
No obstante, ya en el año 94 Prominfer SL, con un proyecto del arquitecto Jesús Ángel Fernández Muiños, había solicitado licencia para la construcción de 13 viviendas adosadas en San Martín do Porto. A pesar de que las viviendas se construyeron y ocuparon, en el 98, la aparejadora municipal, Elisa Baamonde emitió informe desfavorable a la tramitación de otra urbanización de dos viviendas más en la misma zona asegurando que el proyecto "carecía de estudio de detalle".
El proyecto fue autorizado por el imputado Rivera González, días más tarde, cuando fue contratado --por decreto-- durante el mes de agosto para cubrir las vacaciones de Baamonde.
Por aquel entonces José Juan Rivera González trabajaba como aparejador en el ayuntamiento de Ares y constaba como administrador solidario en la empresa Capitel Consulting SL. Esta empresa, dedicada al estudio, confección y dirección de proyectos de arquitectura desde 1988, estaba participada Isolina Castro Carnero, casada en régimen de gananciales con José Juan Rivera, el arquitecto Jesús Ángel Fernández Muiños -redactor del proyecto de Prominfer-- y un tercero.
