Las constructoras deberán inscribirse desde junio en un registro autonómico para poder ser contratadas o subcontratadas para obras
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El plan de inspección conjunta entre Galicia y Portugal para reforzar la seguridad y las condiciones laborales de los trabajadores portugueses que trabajan en la comunidad gallega se pondrá en marcha antes del próximo verano y, en su primera fase, se centrará en empresas de los sectores forestal, de la construcción y de la siderometalurgia, según informó el conselleiro de Traballo, Ricardo Varela.
Las inspecciones coordinadas se realizarán sobre empresas con domicilio social en Portugal y centros de trabajo en Galicia antes de que, con la llegada del verano y la mejora de las condiciones meteorológicas, se intensifiquen las obras de construcción. Así las inspecciones de trabajo de ambos territorios concretarán el número de visitas por sectores y empresas y sus respectivas fechas.
Entre las conclusiones a las que llegaron las autoridades laborales gallega y portuguesa en la reunión que ayer mantuvieron en el municipio ourensano de Leiro figura el objetivo de "afianzar e intensificar la colaboración y coordinación, manteniendo canales de comunicación permanentes, con cruce de información". La finalidad es "conocer la situación real" de los trabajadores que se desplazan a Galicia, "legales o no legales", para reprimir por la vía administrativa, e incluso penal, cualquier infracción.
Las organizaciones sindicales han denunciado que los trabajadores portugueses sufren una situación de discriminación respecto a los gallegos y que se producen incumplimientos laborales en cuanto a sus condiciones salariales, su jornadas laboral y su tiempo de vacaciones, las condiciones de seguridad y salud laboral e incluso pide atención sobre casos de empleo irregular y economía sumergida.
DATOS FIDEDIGNOS.
Por ello, la Consellería de Traballo quiere contar con estadísticas fidedignas sobre el número de portugueses que se desplazan a trabajar a Galicia, ya que baraja que son en torno a 11.000, pero reconoce que existe una bolsa indeterminada de mano de obra que viene a la comunidad sin que se haya producido la obligada comunicación sobre desplazamientos de trabajadores transfronterizos.
Por eso, para mejorar los flujos de comunicación sobre los operarios portugueses que trabajan en Galicia, ambas autoridades laborales acordaron hacer un seguimiento de las comunicaciones y establecer un formulario modelo. Así, las empresas estarán obligadas a cumplimentar los datos requeridos --dirección del centro de trabajo o número de trabajadores desplazados-- para que la Administración lusa disponga de toda la información y la traslade a la Consellería de Traballo.
Además, como el colectivo más numeroso de portugueses trabaja en obras de construcción, el titular de Traballo también anunció que se intensificará el Plan de Actuación Especial en Grandes Obras de la Construcción, que lleva operativo de 2007, mediante un seguimiento específico con inspectores especializados en obra pública que estarán formados sobre la normativa de ambos países.
Traballo también pretende acelerar la puesta en marcha de controles de tráfico en la frontera con Portugal para vigilar los desplazamientos de los trabajadores portugueses a Ourense y Pontevedra, fundamentalmente, para lo cual el conselleiro avanzó una próxima reunión con el delegado del Gobierno en Galicia, Manuel Ameijeiras.
SUBCONTRATAS EN UN REGISTRO.
Asimismo, en el mes de junio entrará en funcionamiento el Registro de Empresas Acreditadas (REA), en el cual deberán inscribirse todas las constructoras que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de construcción. También en este horizonte temporal estará operativo el registro por el que se dará publicidad a las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.
En este sentido, el responsable autonómico de Traballo también adelantó que va a reunirse con representantes de asociaciones empresariales gallegas para pedirles que colaboren y comuniquen la subcontratación de empresas lusas, como complemento a la inscripción en el REA. Finalmente, Varela solicitó a los agentes económicos y sociales su "imprescindible colaboración" para recabar datos sobre las situaciones irregulares que se puedan producir.
