SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
La magistrada del Juzgado de lo Social número 3 de Ourense declaró nulo el despido de una trabajadora del Ayuntamiento de Calvos de Randín que había sido ejecutado por "ser novia de un edil (el ex teniente de alcalde, José Manuel Andrade) que iba a presentar la moción de censura" al alcalde, tal y como estimó la jueza en la sentencia.
El fallo judicial estima que el regidor sentía "animadversión" hacia la mujer, que responde a la identidad de María José R.C. y estaba contratada por cuenta ajena como monitora de restauración. Así, considera probada esta actitud de "forma notoria" puesto que hubo "manifestaciones recogidas en periódicos" en las que el primer edil afirmaba que "no se la había renovado por mezclar la política con sus obligaciones".
De este modo, la magistrada ordenó la "readmisión inmediata", impuso una indemnización de 600 euros por daños morales y decretó la reintegración de la mujer en las condiciones anteriores al despido, ocurrido el 20 de junio. Asimismo, el ayuntamiento deberá abonar los salarios de tramitación entre ese día y el 8 de julio de este año a razón de 49,97 euros por día.
Los hechos se remontan a mayo de este año cuando se inició una moción de censura contra el alcalde de Calvos de Randín, el socialista Aquilino Valencia, para lo que cuatro ediles del PP solicitaron la baja en el partido y se pasaron al grupo mixto para poder presentar la moción, respaldados por el edil disidente José Manuel Andrade, que abandonó el grupo de gobierno en mayo. La moción no prosperó en su día porque los vecinos impidieron que entrasen en el pleno los firmantes de la iniciativa.
"ATAQUES SISTEMÁTICOS"
Ante este hecho, la Confederación Intersindical Galega (CIG) consideró "muy satisfactorio" que los juzgados sociales "reconozcan y respalden" los derechos fundamentales de los trabajadores frente a "ataques sistemáticos" de otros ámbitos.
Del mismo modo, apuntó que "muchos regidores de distintos colores" han emprendido este año "actuaciones que vulneran los derechos de los trabajadores públicos", por lo que reclama a la clase política "plantearse las carencias de un sistema que propicia la discriminación como medio de represión laboral".
