Varela considera la normativa "un hito político" y promete que la comunidad estará "en primera línea" para garantizar su "eficacia"
CURTIS (A CORUÑA), 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
Unos 13.000 gallegos se beneficiarán el próximo año de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia aprobada ayer por el Gobierno central, de modo que, de las 165.000 personas dependientes que se calcula que hay actualmente en la comunidad, el 7,9 por ciento se integrarán en 2007 en el Sistema Nacional de Dependencia, que se implantará progresivamente hasta 2015.
Así lo avanzó hoy la secretaria de Política Social del PSdeG, Mar Barcón, en el transcurso de una jornadas organizadas por los socialistas gallegos en Curtis (A Coruña) con el objetivo de analizar las previsiones en materia de atención social en los municipios de menos de 20.000 habitantes, y en las que también intervino el secretario de Organización, Ricardo Varela.
El número dos del partido consideró que la norma redactada por el Ministerio de Trabajo supone un "hito político" y, por ello, prometió que Galicia estará "primera línea de atención" para aplicarla y garantizar su "agilidad y eficacia". No en vano, la comunidad cuenta con el 10,3 por ciento de las 1,6 millones de personas dependientes que se estiman en el conjunto estatal.
No obstante, en el primer año de la ley, los gallegos supondrán el 5,2 por ciento de los beneficiarios que se integrarán prioritariamente en el Sistema Nacional de Dependencia, del total de 250.000 que lo harán en toda España en 2007.
Así, el objetivo del PSdeG en la jornada de hoy era el de analizar "buenas prácticas" para mejorar la calidad de vida de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, puesto que integran al 49 por ciento de la población y suponen más de 290 de los 315 municipios existentes en Galicia.
DIFICULTADES DE LOS AYUNTAMIENTOS
Al respecto, Barcón admitió la "dificultad" de los gobiernos locales para "articular servicios", debido a las carencias económicas y, por ello, entre las medidas propuestas en la jornada de hoy se estudió la posibilidad de aglutinar servicios municipales y comarcales y crear consorcios para asegurar a todos los ciudadanos una calidad de servicios homogénea, independientemente de dónde residan.
En este sentido, la responsable socialista destacó la importancia de los entes locales a la hora de aplicar la Ley de Dependencia, puesto que serán los encargados de informar y gestionar las principales medidas, y advirtió de la "necesidad" de adaptar la normativa a las circunstancias de cada territorio, en función de sus posibilidades de financiación, su población y sus condicionantes.
Para ello, Varela ofreció a la "colaboración" del Gobierno autonómico para la "imprescidible" participación del ámbito municipal en la administración de los servicios, con el objetivo de garantizar su "eficacia" como instituciones "más cercanas" a los ciudadanos.
Así, reconoció que los ayuntamientos pequeños se han visto obligados a "asumir competencias impropias" con un esfuerzo económico excesivo y, en consecuencia, aseguró que una de las apuestas de la Xunta pasa por que la autonomía municipal y la suficiencia financiera "caminen juntas".
Según él, el Pacto Local supone ya un "cambio para aglutinar políticas" y reasignar competencias basadas en el principio de la subsidiariedad, si bien añadió que es una medida "aún insuficiente". "Es una puerta abierta para que en el futuro se produzca la plena coordinación y entendimiento", añadió Varela, quien consideró que "cuanto más potente sea el ayuntamiento, más potente será el Estado del Bienestar".
CONCEPCIÓN RADICALMENTE DISTINTA
Así, en materia de política social prometió una concepción "radicalmente distinta", frente al "retroceso dramático" que, a su juicio, experimentaron con el Gobierno de José María Aznar, con el que lamentó que España pasase a ocupar el penúltimo lugar de la Unión Europea en gasto social, debido a la progresiva privatización de los servicios.
Además, reivindicó la apuesta social imbuida por el bipartito gallego en sus primeras cuentas, en las que las políticas para esta materia aumentaron un 13,9 por ciento y la atención a los servicios, un 15,9. "Es el indicador de que la Xunta detectó que estaban encendidas todas las luces rojas y de que se dio cuenta de que esta preocupación debía plasmarse en los presupuestos", explicó.
Por ello, Varela destacó el "compromiso ético y social" del Gobierno autonómico por transformar la "arbitrariedad" en la aplicación de estas políticas por "derechos ciudadanos perfectamente asumidos". En consecuencia, consideró que la reforma del Estatuto debe "asentar y consagrar" esta forma de entender las políticas sociales.
Según él, pese a las "muchas cuestiones" que debe abordar la revisión del actual marco autonómico, como la identidad, la cultura o la economía, "lo primordial, lo esencial, deben de ser las políticas sociales y los derechos de la ciudadanía". "En Galicia hay un nuevo tiempo de derechos sociales, en el que cada día hay que incorporarlos con más fuerza a los derechos fundamentales", aseveró.
En este contexto, se mostró convencido de que la Ley de Dependencia "cambiará el mapa" de los servicios sociales y, por ello, la definió como un "hito político que se recordará como el gran impulso de una sociedad protectora del bienestar". "Es el cuarto pilar a consolidar", concluyó.
