SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios (PSdeG, BNG y PPdeG) de la Comisión de Agricultura aprobaron hoy por unanimidad instar a la Consellería de Medio Rural a contratar a reclusos en régimen abierto para el servicio de prevención de defensa contra incendios forestales.
Para ello, demandaron a la Consellería de Medio Rural que estudie la posibilidad de establecer un convenio con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para llevar a cabo un programa que forme y capacite a reclusos en régimen de tercer grado para que puedan desempeñar labores de prevención en defensa contra incendios forestales.
Esta petición se realiza a través de una proposición no de ley, presentada a iniciativa del BNG que, a su vez, recogió de este modo una pretensión de la Consellería de Medio Rural que, a principios de año, anunció que estudiaría la posibilidad de llevar a cabo contrataciones temporales de reclusos de centros penitenciarios gallegos para labores de prevención de incendios forestales.
En la intervención para defender la proposición no de ley, la diputada nacionalista Tereixa Paz advirtió de que con esta medida no se pretende llevar a cabo una acción de "compasión" hacia estos presos, sino "contribuir a la mejora de la capacidad de los reclusos para facilitar su inserción laboral y social una vez que finalice su condena".
La proposición no de ley contó con el apoyo del PPdeG y PSdeG, aunque los populares presentaron una enmienda, que finalmente no fue aceptada, y que de todos modos no impidió que decidieran dar su respaldo a esta medida.
El diputado popular Roberto Castró justificó su apoyo a esta proposición no de ley al considerarla "necesaria" al reconocer las "numerosas dificultades" con las que se encuentran los ex presidiarios para conseguir su reinserción laboral cuando finalizan su condena.
"Encontrar un trabajo digno es un derecho al que deben tener acceso todos los ciudadanos y estos no lo tienen nada fácil y todos debemos intentar ayudar", esgrimió el parlamentario popular, quien no obstante, en su enmienda, solicitaba que en el proceso de selección se pusiese "especial cuidado" en que no fueran reclusos con penas por delitos ecológicos.
Sin embargo, el grupo parlamentario del BNG consideró más apropiado que sean las propias Juntas de Tratamiento de los diferentes centros penitenciarios gallegos las encargadas de este proceso selectivo y las que fijen los criterios.
En todo caso, Tereixa Paz defendió la posibilidad de contratar a presos con este tipo de delitos medioambientales ya que confió en "el arrepentimiento y en la reeducación", al tiempo que apuntó lo ejemplarizante de esta medida, ya que indicó que "quizás con la formación que reciban valorarán más el medioambiente". Por ello, rechazó la enmiendan del PPdeG, lo que no impidió que los populares votaran a favor de la proposición no de ley.
EXPERIENCIAS SIMILARES POR MUNICIPIOS
Por su parte, la diputada socialista Soledad Soneria Tajes defendió esta proposición no de ley por considerarla "interesante", al tiempo que destacó que municipios gallegos del rural ya han asignado convenios de este tipo con instituciones penitenciarias gallegas con experiencias satisfactorias.
"No conozco ninguna circunstancia de fallos en la aplicación de estos convenios", aseveró la diputada socialista, quien indicó que estos reclusos siempre mostraron una alta responsabilidad con las tareas encomendadas para demostrar que pueden "hacer las cosas bien".
