Trabajaban en condiciones infrahumanas, sin alojamiento, sin atención sanitaria, y por salarios de 20 a 35 euros semanales
VIGO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía pide penas que suman 18 años de cárcel para siete ciudadanos portugueses por explotar a varios compatriotas, a los que tenían trabajando en varios negocios de explotación de madera en Vigo, sin respetar sus derechos laborales, y sin proporcionarles las mínimas condiciones de higiene y seguridad.
Los acusados, F.S.M., C.A.B., F.M.A., J.J.P.B., M.A.A., M.N.A.A. y E.H.R., serán juzgados este martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, como presuntos autores de un delito contra la seguridad e higiene en el trabajo, y otro contra los derechos de los trabajadores.
Según el escrito de acusación pública, los acusados emplearon a varios trabajadores lusos, que estaban en situación de vulnerabilidad e incluso en la indigencia en su país, y los explotaban con jornadas de trabajo de más de 10 horas, durante seis días a la semana, sin vacaciones, y con un salario de ewqre 20 y 35 euros a la semana.
Los trabajadores explotados no disponían de herramientas ni maquinaria adecuada para hacer su trabajo, eran acomodados en caravanas o camiones abandonados, no recibían atención sanitaria ni equipamiento de seguridad. Tampoco se les proporcionó formación, ni se les dio de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y los acusados les retenían su documentación.
Estos operarios desarrollaban su labor al aire libre, en zonas que carecían de orden e higiene, por lo que se puso "en grave riesgo su integridad física y salud", según sostiene la Fiscalía que, de hecho, apunta que una de las víctimas sufrió la amputación de una falange cuando manipulaba una sierra.
PENAS
Por estos hechos, el ministerio público solicita que cada uno de los acusados sea condenado a 2 años de cárcel por un delito contra la seguridad e higiene en el trabajo, y al pago de una multa de 1.800 euros.
Además, a los procesados F.S.M. y a su pareja C.A.B., los acusa también de un delito contra los derechos de los trabajadores, y pide para cada uno de ellos dos años cárcel a mayores, y el pago de una multa de 3.000 euros.
Por otra parte, la Fiscalía también solicita que se suspenda la actividad de las empresas de los acusados por un período de 5 años.
