El PPdeG critica el "acomodo oportunista" de los miembros del bipartito y reivindica la "legalidad" del documento fiscalizador
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los grupos del PSdeG y del BNG se abstuvieron hoy en la votación del informe del Consello de Contas correspondiente al ejercicio de 2002, por considerar que no pueden avalar una fiscalización dilatada y sin capacidad de reconducir la situación y confiaron en que, con el cambio de Gobierno, se garantice que este trabajo adquiere "relevancia" en el control de las cuentas de la comunidad.
En la votación, que tuvo lugar en el Parlamento gallego, la oposición, por contra, dio el visto bueno al juzgar que el documento "acredita" que "responde a los criterios legales exigidos" y refleja la situación financiera. "Y ése es el hecho verdaderamente relevante de este trámite", sostuvo el diputado popular Alberto Sueiro.
Sin embargo, los grupos que apoyan a la Xunta coincidieron en abstenerse puesto que, según explicó el portavoz de Economía del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, el retraso en la presentación de las cuentas supone un "déficit democrático justamente donde habría que actuar con celeridad".
De igual forma, Leiceaga detectó carencias en la gestión que ya en su día, cuando su partido estaba en la oposición, habían sido denunciadas y causaron "distanciamiento".
Así, advirtió de que el nivel de endeudamiento reflejado por el organismo fiscalizador es "inferior sustancialmente" al que constató el Banco de España y, por todo, definió la abstención de su grupo como una "muestra de responsabilidad" que evite un conflicto entre el Parlamento y el Consello de Contas, "facilitando la aprobación del ejercicio, pero dejando claro el nivel de disgusto y desacuerdo".
Además, lamentó la "irrelevancia" de los informes del organismo, que reduce su efectividad, y alertó de los efectos de "desconfianza" que ello supone entre la ciudadanía. "Entre todos tendremos que hacer un esfuerzo para lograr mayores índices de aceptación", declaró.
INCUMPLIMIENTOS
En esta línea, la portavoz de Economía del BNG, María Xosé Vega, añadió que la cuenta general de 2002 no muestra la "verdadera situación económica", pese a evidenciar los "notorios incumplimientos de normas presupuestarias". Por ello, confió en que el relevo al frente de la Xunta suponga un "punto de inflexión" que permita que, "ahora sí", el Parlamento de Galicia tenga en cuenta "al máximo posible" el informe fiscalizador.
"Hoy en día su trabajo es insuficiente porque no somos capaces de aprobar medidas que insten a mejorar las prácticas que el Consello analiza críticamente", explicó. Así, aclaró que su grupo "cree en el Consello de Contas" y, en este sentido, propuso que el futuro Estatuto de Autonomía le reconozca una "función de enjuiciar" para actuar ante los incumplimientos y "fortalezca la capacidad de trabajo.
"Los tiempos cambiaron y esperamos que se clausure la etapa en la que el informe del Consello era una pieza de consulta de investigación académica, para pasar a ser un instrumento que perfeccione la gestión y el control", declaró.
OPOSICIÓN
Por su parte, el diputado del PPdeG Alberto Sueiro cuestionó los objetivos del bipartito en cuanto a la fiscalización y acusó a la Xunta de "utilizar perversamente" un informe "parcial" de una auditoría, "elevado a palabra de Dios", para compararlo con el informe de 2002, cuando "sabe perfectamente que son dos cosas diferentes y distantes".
A su juicio, el trabajo del Consello de Contas debe "prevalecer por encima de cualquier otro" y, por ello, denunció el "acomodo oportunista" de PSdeG y BNG a la hora de evaluar la gestión de la Administración a la que apoyan, frente a la que mostraron cuando estaban en la oposición. "A ver si ahora va a resultar que firmar convenios como medida de financiación es bueno", sentenció.
Así, los populares aprobaron en solitario el informe y, como los otros dos grupos, apoyaron las propuestas de resolución, que recibieron el visto bueno por unanimidad, a excepción de una en la que el PPdeG se abstuvo, relativa a la elaboración de una ley que regule las subvenciones, estableciendo un régimen general para la concesión, la gestión y el control.
