Francisco Reyes espera que "se archiven las diligencias" referentes a los socialistas compostelanos
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Gobierno de Santiago y concejala, María Pardo (PP), ha pedido "celeridad" a la Justicia en la Operación Pokémon después de que se haya levantado parcialmente el secreto de sumario, con el fin de que "esto termine cuanto antes con una resolución judicial y que se pronuncien los jueces, que son los que tienen que pronunciarse de los hechos de los que se hablan".
En declaraciones a Europa Press este sábado --antes de inaugurar la V edición de la exposición de la Camelia en A Rocha Vella-- María Pardo ha defendido que "no hay nada nuevo de lo que se ha dicho o sale hoy publicado (por este sábado)", pero ha subrayado que "la investigación sigue abierta y el Ayuntamiento sigue colaborando con la Justicia".
El informe del Servicio de Vigilancia Aduanera en la Operación Pokémon concluye que el alcalde de Santiago, Ángel Currás (PP), "propone al menos a una persona de los enchufados" para la contratación, por parte de Sermasa --adjudicataria de la escuela infantil de Salgueiriños--, y presume que "tiene conocimiento de todo el proceso de adjudicación y sus circunstancias fraudulentas".
Preguntada de forma directa por esta cuestión, María Pardo ha respondido: "Seguimos colaborando con la Justicia y pidiendo celeridad". "Esto no tiene que terminar con un pronunciamiento mío o del alcalde, sino con un pronunciamiento judicial, que es lo que tiene valor", ha zanjado.
BNG: "SI TIENE UN MÍNIMO DE DIGNIDAD QUE DIMITA"
Por su parte, también en declaraciones a Europa Press antes de participar en el acto de A Rocha, el portavoz nacional del BNG, Rubén Cela, ha reclamado al alcalde de Santiago que "si tiene un mínimo de dignidad en el día de hoy debería plantear su dimisión de modo fulminante" y "en el caso de que no lo haga, el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, debería obligarle a hacerlo".
Y es que Cela asegura que si Núñez Feijóo no obliga a dimitir a Currás "será cómplice de lo que pasó y pasa en este procedimiento". "¿Qué tiene que pasar más en Santiago para que alguien del PP tome alguna medida?", se ha preguntado.
Respecto a lo que se ha conocido con el levantamiento parcial del secreto de sumario de la Operación Pokémon, Cela ha dicho que "se sabe que hubo un tráfico de influencias continuado, amaños en adjudicaciones públicas y estrategias para sacar de sus puestos a habilitados nacionales". "Por todas estas circunstancias tienen que estar obligados a dimitir",
Así, ha vuelto a exigir "la dimisión de todos los imputados en casos de corrupción", ya que como ha recordado, además de la Pokémon "contra el Gobierno municipal de Santiago está la Manga, el caso Carril, las facturas falsas de Juan de la Fuente y la defensa de Adrián Varela". "Hoy hay 10 de 13 (ediles del PP) imputados en alguna", ha recriminado.
PSOE DE SANTIAGO ESPERA QUE "SE ARCHIVEN DILIGENCIAS"
Asimsimo, el portavoz del PSdeG en Santiago de Compostela, Francisco Reyes, ha lamentado que "sigue un viacrucis para la imagen de la ciudad verdaderamente penoso", por lo que ha pedido "perdón" a los vecinos por "el espectáculo que se está dando".
A renglón seguido, Reyes ha valorado que el levantamiento parcial del secreto de sumario "es claramente un paso adelante". Al respecto, espera que cuando se finalice este proceso de instrucción "se archiven las diligencias respecto a la instrucción del Partido Socialista".
Además, ha dicho que "es una suerte tener una Administración de Justicia tan profesional" y "los ciudadanos pueden estar tranquilos" de la resolución que realice.
Preguntado --en un acto de los socialistas en Santiago sobre municipalismo-- sobre si el PP debe tomar medidas sobre sus cargos implicados en Santiago en la Pokémon, Francisco Reyes ha respondido: "Nosotros no somos el Partido Popular, por lo tanto, nosotros no hacemos juicios paralelos como hacen ellos habitualmente".
A este respecto, ha recriminado que Ángel Currás "un pleno sí y otro también no hacen más que lanzar insidias" sobre supuestas irregularidades de miembros del anterior Gobierno socialista y "nunca presenta ninguna prueba". Por todo ello, ha defendido la presunción de inocencia "aunque sea a personas que no son del partido (socialista)".
