FERROL, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular de Ferrol presentó el pasado 30 de octubre un recurso contencioso-administrativo contra el actual Gobierno local, el bipartito de PSOE-IU, por presuntas irregularidades de procedimiento en la anulación plenaria de las obras de urbanización de la plaza de España.
El PP local retoma así la polémica suscitada por el proyecto de construcción de un edificio de 21 metros de altura, que la formación aprobó en la anterior legislatura, cuando gobernaba en coalición con IF. Un proyecto que la actual coalición paralizó en julio, en cumplimiento de la orden emitida por la Consellería de Política Territorial a principios de año que consideraba la obra "ilegal" por no cumplir el Plan General de Ordenación Municipal.
La presentación del recurso contencioso-administrativo se produce tras la falta de respuesta, por parte del bipartito, al recurso de reposición que el PP presentó después del pleno del 20 de julio, en el que se aprobó la anulación del proyecto de la plaza de España.
La vía judicial se argumenta en las "irregularidades" que el PP entiende que cometieron el PSOE e Izquierda Unida en la paralización del proyecto, en un acuerdo plenario que, a juicio del edil popular Manuel Bustabad, "es contrario a derecho pues constituye una vulneración frontal y grosera de diferente normativa procedimental".
En concreto, el concejal, que también actuará de abogado del PP, señaló que se vulnera el artículo 134.3 del Reglamento de Organización de las entidades locales, porque el bipartito no informó con dos días de antelación sobre la Comisión de Urbanismo en la que se abordó el expediente de paralización.
A juicio del PP, también se habría vulnerado el artículo 79 del Reglamento Municipal, por no entregar copia del expediente, en una demostración de que el equipo del alcalde, Vicente Irisarri, trabaja con "opacidad y falta de transparencia". Además, tampoco se presentó un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento sobre el expediente, que sería obligatorio al haberlo pedido un tercio de la corporación, en este caso, los concejales del PP y de IF.
DECISIÓN ILEGAL.
Con estos argumentos, el PP tratará de demostrar que "la decisión de paralizar las obras no obedece a ninguna cuestión de legalidad, sino a una cuestión meramente electoralista", en palabras del concejal José Manuel Rey, quien acusó a Irisarri de utilizar la Plaza de España sin importarle las consecuencias: "lo cierto es que Irisarri, con acciones que sólo pretenden boicotear acciones del anterior Gobierno, confunde el funcionamiento de una administración pública con una tómbola de ferias, está demasiado acostumbrado a pasar el rodillo sin respetar los derechos de los miembros de la corporación".
Desde el PP se responsabiliza de forma directa al regidor de las posibles consecuencias económicas de la paralización de las obras, y se advierte de que el ayuntamiento podría tener que pagar diez millones de euros a Abeconsa, la empresa concesionaria de las obras.
Asimismo, Rey Varela criticó que Irisarri, "si entiende que las acciones son ilegales", anuncie que estudia con varias empresas la posibilidad de instalar un centro de SPA en el subsuelo ya construido del edificio de 21 metros de altura que se paralizó.
Por último, los miembros del PP insistieron en que todas las gestiones del proyecto de urbanización de la plaza de España fueron legales, y se remitieron al informe emitido en este sentido por el secretario municipal en el mes de abril.
Así, en contra de la postura de la Consellería de Política Territorial, que defiende que las obras eran "ilegales" e "ilegalizables", el PP insistió en que la modificación puntual de los usos del PGOM --emitida el 29 de marzo de este año-- ya habría normalizado el proyecto y "disipado posibles dudas sobre la legalidad de la actuación".
