El Consello, que afirma que tendrá en cuenta los comentarios sindicales, aprobará el viernes el protocolo pero las centrales piden más teletrabajo, proteger a los vulnerables y planes específicos
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 May. (EUROPA PRESS) -
Las centrales sindicales han presentado alegaciones al protocolo de reincorporación para funcionarios públicos que empezará a aplicarse el próximo lunes 11 de mayo, coincidiendo con la previsión de entrada en una nueva fase de desescalada --si así lo permiten los indicadores--, en la que se prevé una vuelta al trabajo escalonada y medidas de protección. Está previsto que el Consello de la Xunta apruebe el protocolo el viernes, tras analizar las propuestas de los sindicatos, que se quejan del poco tiempo que han tenido para presentar sus escritos y de la falta de intención de "dialogar" con ellos para un consenso en torno a las medidas.
Entre otras cuestiones, los sindicatos piden que la fase preliminar, que solo dura una semana (la que comienza el 11 de mayo) se prolongue durante más tiempo, y que en lugar de establecer "máximos" de 15 días, estos periodos entre cada una de las fases para el nuevo nivel de reincorporación sean "mínimos" y se evalúen. Además, en líneas generales piden tener atención especial a los colectivos más vulnerables o con mayores o menores a cargo, extender el teletrabajo y medidas concretas para personal de prevención y extinción de incendios o inspectores ganaderos o farmacéuticos, por ejemplo.
La Xunta ha defendido, en respuesta a Europa Press, que se "ha habilitado un plazo para que los sindicatos presenten alegaciones" y que la Administración autonómica "analizará todas antes de la aprobación del protocolo".
En el borrador de protocolo presentado por el Gobierno autonómico divide tres fases de reincorporación con una semana preliminar y su ámbito de aplicación son todo el personal público a excepción del educativo, sanitario y sociosanitario --el judicial se regirá por el suyo específico--. En el documento, la Xunta incluye que el equipo directivo de cada centro identifique la situación y haga un análisis de la situación --por ejemplo, quién cuenta con despacho propio--; deberá evaluarse si son necesarias barreras de protección si no se puede mantener la distancia de dos metros y otras actuaciones de este tipo.
En la primera fase, está recogida la reincorporación del personal esencial, de aquellos con puestos directivos y aquellos que no puedan prestar su labor a través de teletrabajo. En la segunda fase que, sin haber estado en la anterior, cuente con dependencias propias y se podrán habilitar turnos de trabajo. Cuando concluyan ambas (de 15 días cada una), se prevé la incorporación de todo el personal, aunque se contempla el teletrabajo para los que tengan menores a cargo afectados por el cierre de centros educativos y mayores y su situación no sea compatible con medidas especiales de flexibilización.
Precisamente, estas cuestiones son las más criticadas por los sindicatos. Consultados por Europa Press, CSIF, CIG, CC OO y UGT han criticado que esta pandemia no haya servido para realizar una apuesta "real" por el teletrabajo y han defendido que esta situación no es una ventaja frente a la jornada presencial.
La responsable de CIG-Autonómica, Zeltia Burgos, ha explicado a Europa Press que una de las cuestiones principales que critica su central sindical es que no haya una evaluación de riesgos laborales al riesgo biológico del covid-19 y pide que se analicen los tipos de puesto de trabajo y centros laborales, ya que hay diferencias entre, por ejemplo, el edificio de San Caetano y un centro de Xinzo da Limia.
Al igual que las demás centrales, CIG también ha censurado que se va a pasar de una fase a otra sin una evaluación previa de objetivos cumplidos en la que se puedan detectar posibles errores por falta de capacidad o medios. Zeltia Burgos también ha advertido de que el protocolo de la Xunta "carga la responsabilidad" de la protección de las persona en la dirección del centro de trabajo.
Otra de las cuestiones comunes entre los sindicatos es la crítica a la falta de apuesta por el teletrabajo, que "pasa a ser la última opción", pese a que se "demostró que fue efectivo".
"AUSENCIA VOLUNTAD NEGOCIADORA"
En las alegaciones registradas por CSIF, recogidas por Europa Press, se reprocha una "ausencia de voluntad negociadora". "Consideramos que un protocolo que regula y afecta directamente a la salud y seguridad laboral de miles de empleados públicos tiene que ser objeto de una verdadera negociación", lamenta esta central sindical.
Además, como ha explicado José Brunete (CSIF), el documento de la Xunta olvida la apuesta por el teletrabajo como una alternativa a la situación actual. "Esta modalidad se reveló como un instrumento tremendamente eficaz, que garantiza una óptima prestación de servicios públicos. Es por ello que entendemos imprescindible mantenerla en el tiempo y con la máxima aplicación a todos los trabajadores que, voluntariamente, opten por ella", recoge el documento.
Este sindicato también ha sostenido que es "fundamental" que todos los trabajadores que se reincorporen a su puesto de trabajo de forma presencial lo hagan con las "máximas garantías posibles" y, en este sentido apuesta por que se practique un test de diagnóstico de covid-19. Además, pide aclaraciones al respecto del protocolo a seguir por colectivos específicos, como es el servicio de prevención de incendios forestales, escuelas infantiles o la Axencia galega para a xestión do coñecemento en saúde (ACIS), que depende del Sergas.
Javier Lareu, por parte de CC OO, ha lamentado el "escaso tiempo para abordar el documento y una negociación real". Por eso, han lamentado que no tengan conocimiento de ninguna reunión siquiera virtual para poder defender las alegaciones.
Sobre el contenido, aunque considera el protocolo "extenso", ha sostenido que es "genérico en algunso casos" y adolece de "un protocolo más específico" para ámbitos de actividades con peculariedades, como museos o bibliotecas, prevención de incendios, agentes de medio ambiente.
Como también ha señalado Lino Díaz, de UGT-Autonómica, el protocolo presenta unos plazos "excesivamente cortos" con fases de 15 días como máximo, pero "sin establecer parámetros para pasar de uno a otro" periodo de la reincorporación. Tampoco presenta, añadieron ambos, cuyos sindicatos presentaron un bloque de alegaciones en la misma línea, un plan de evaluación y un órgano de verificación de las medidas, que debería seguir el servicio de riesgos laborales.
"No nos consta que haya ningún órgano para verificar si estas medidas se han desarrollado correctamente", ha manifestado Javier Lareu, quien ha lamentado que el teletrabajo no se "incentive y regule normativamente" para extender esta modalidad a más personal: "ha sido productivo y útil, había que aprovechar para explorar la posibilidad de extenderlo".
Otra de las cuestiones que han subrayado estos dos sindicatos y que ha explicado Lino Díaz se refiere a los colectivos de riesgo. "Entendemos que no deben incorporarse colectivos de riesgo, personas que tuvieron o tengan sintomatología y los que estuvieron en contacto estrecho con personas afectadas", señalan.
UGT también ha explicado que el plazo que se establece para las actividades preliminares es "excesivamente corto", que se establecen plazos "máximos" en lugar de "mínimos" para la implantación de cada fase y no se han contemplado actuaciones como la compra de máquinas de ozono para desinfección. Reclama, además, una comisión de seguimiento para la recuperación de la actividad presencial, con apoyo de los servicios de prevención laboral.
Asimismo, apuestan por establecer excepciones para los procesos selectivos, como aquellos que sean por concurso de méritos o aquellos en los que haya un número de participantes permita llevarse a cabo con las medidas de distanciamiento indicadas por las autoridades sanitaria.
