Ambas partes volverán a sentarse este viernes para intentar parar una huelga que ya dura un mes
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El seguimiento de la huelga indefinida en la justicia gallega, que esta jornada coincide con la huelga feminista, se situó por encima del 80%, según los siete sindicatos con representación en el sector, mientras que la Xunta lo redujo al 37,74%.
El Ejecutivo autonómico computa que este jueves fueron a la huelga de justicia 805 personas. Según los cálculos de la Xunta, el seguimiento fue del 43,6% en la provincia de Pontevedra; del 43,06% en la de Ourense; del 30,85% en la de A Coruña; y del 28,29% en la de Lugo.
La Consellería de Xustiza matiza que en este cálculo hay que tener en cuenta que 158 funcionarios no acudieron al trabajo por una ausencia justificada, como vacaciones, asuntos particulares o días de libranza, mientras que 775 cumplieron en su totalidad los servicios mínimos.
Por su parte, los sindicatos hablan de un seguimiento del 90% en Pontevedra; del 89% en Vigo; 88% en Santiago; del 87% en Ourense; y del 80% tanto en Ferrol como en Lugo, mientras que en la ciudad de A Coruña este jueves es festivo.
El comité de huelga y los representantes de la Xunta volverán a sentarse este viernes para retomar las negociaciones e intentar desbloquear un conflicto que ya supera el mes de duración y que ha paralizado juzgados y registros civiles gallegos.
Durante la jornada de este jueves, según han informado a Europa Press fuentes sindicales, no se ha producido ningún contacto entre las partes, a la espera de que este viernes a mediodía tenga lugar el nuevo encuentro en la Escola Galega de Administración Pública.
IRÁ LA SECRETARIA XERAL TÉCNICA
Para esta cita, el comité había reclamado la presencia del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien sin embargo, condicionó su presencia en la mesa negociadora a que suspendiese el paro, una exigencia que los sindicatos rechazan.
En todo caso, en atención al reclamo de nuevos interlocutores, fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press avanzaron que en el próximo encuentro se sumará a la delegación del Gobierno la secretaria xeral técnica de Vicepresidencia, Beatriz Cuíña.
En ella está previsto que participen también, como en los encuentros previos, los directores xerais de Xustiza, Juan José Martín, y de Función Pública, José María Barreiro, al igual que los subdirectores de ambos departamentos.
La Xunta, que hasta hace unos días mantenía que la oferta económica era inamovible, se muestra ahora, en cambio, dispuesta a abordar "todos" los temas.
PROPUESTAS HASTA AHORA SOBRE LA MESA
Hasta ahora, con las propuestas que había sobre la mesa, Rueda ha defendido que se accede "a lo que querían los sindicatos" en las demandas relativas a consolidación de empleo, amortización de plazas y sustitución de compañeros de rango superior.
En cuanto a las bajas por incapacidad temporal (IT) y la discriminación que denuncia el comité de huelga por los descuentos, la Administración se ha comprometido a trasladar las condiciones "más ventajosas" que se acuerden en Madrid, para trabajadores de justicia y "el resto de empleados públicos gallegos".
Sobre la oferta económica, se traduce en una subida del complemento autonómico transitorio de entre 816 y 1.080 euros al año (en función del cuerpo --auxilios, tramitadores o gestores--) en dos anualidades (2019 y 2020). La Xunta defiende que este incremento situaría a los funcionarios gallegos "por encima de la media" del conjunto de comunidades.
Enfrente, los sindicatos discrepan de que haya acuerdo en los puntos que señala la Xunta, a la que acusan de "manipular tablas y nóminas", y reivindican una subida lineal de 225 euros al mes a aplicar en tres anualidades desde este año 2018 y para todos los cuerpos. La Xunta sostiene que, la subida de "2.700 euros al año" por trabajador que supondría aceptar es "inasumible" para las arcas públicas.
Los sindicatos se remiten a una iniciativa aprobada por unanimidad en la Cámara autonómica, que apela a situar al colectivo "de la mitad para arriba" en la tabla salarial de las comunidades con la competencia transferida, y reclaman que "se cumpla el mandato parlamentario".
