Sindicatos avisan de que habrá movilizaciones y la asociación SOS Xustiza aprobará un paquete de medidas para la modificación de la ley
VIGO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
Más de un centenar de trabajadores de los juzgados de Vigo se han concentrado en la mañana de este jueves para exigir que la ciudad conserve su partido judicial --sin ser una sede delegada de Pontevedra--, denunciar la "gran indefinición" del anteproyecto de ley y rechazar la privatización del registro civil.
Con pancartas, silbatos y bocinas, y gritando lemas como "en Vigo quedará el partido judicial", "sin justicia no hay derecho", y "el ministro vende el registro", la comitiva, en la que han estado presentes representantes del BNG y de los sindicatos UGT, CIG, CC.OO., SPJ-USO, CSI.F, ha realizado un breve recorrido hacia plaza América, con salida y llegada en la sede de los juzgados.
Con esta reforma, han denunciado, el PP sigue "un guión de pérdida de derechos ciudadanos y colectivos" que hace retroceder la situación judicial a la que había antes de 1985 y que "cada vez aleja más --a la población-- de la justicia", cuando es la que "vela por esos derechos", han recalcado.
En una rueda de prensa previa a la manifestación, los trabajadores han pedido el compromiso de la Xunta para la defensa del partido judicial tanto en Vigo como en otras ciudades de Galicia --como Santiago y Ferrol-- para que, al llevar este anteproyecto al Congreso, no ocurra como con las preferentes, donde fue rechazado un acuerdo unánime del Parlamento gallego.
Tal y como ha trasladado el representante de la CIG Xosé Barreiro, tanto en el caso de la Ley del partido judicial como en la Ley de demarcación y planta, las reformas son "teóricas" y tienen "difícil encuadre en la práctica" y, además, no cuentan con "dotación presupuestaria" para llevarlas a cabo.
Este anteproyecto establece la centralización de los partidos judiciales en la capital de provincia pero, según han indicado los sindicalistas, "Pontevedra no puede asumir a todos los trabajadores, y no tiene instalaciones ni recursos". En este sentido, han manifestado que la reforma no tiene que concentrar los recursos existentes en un sitio, "sino aumentar" esos recursos.
Igualmente, han explicado que en la reforma se establecen varias excepciones, como que un único Tribunal de Instancia podría asumir varias provincias o que en una provincia pueden haber sedes descentralizadas. Ante esto, los sindicatos han criticado la "gran indefinición" de la ley, que no especifica cómo se aplicaría y financiaría esta reforma y qué competencias tendría cada unidad judicial.
REFORMAS NECESARIAS
Los sindicalistas también han criticado que el Gobierno no está realizando las reformas "que sí son necesarias llevar a cabo". Así, han incidido en que en los juzgados hay "carencias económicas, de personal, de equipamientos que hacen que la justicia no funcione como debería".
"Estamos hablando de poner el tejado a la casa cuando no tenemos ni los cimientos", han censurado los trabajadores, que piden que se revise la estructura judicial, se otorguen competencias a los juzgados de paz y se cree una única base de datos que conecten los partidos judiciales de toda Galicia y los distintos organismos.
"Esta reforma es una ley oscurantista que no cuenta ni escucha a los trabajadores y, sin contar con la base de la pirámide, es difícil de llevar a cabo", ha asegurado Barreiro, que ha avisado de que habrá una "contestación en la calle".
SOS XUSTIZA
Por su parte, la junta directiva de la asociación SOS Xustiza ha convocado en la tarde de este jueves una reunión de urgencia para tratar la desaparición del partido judicial en la ciudad olívica y aprobar un paquete de medidas que tienen previsto llevar a cabo para que el anteproyecto de ley sea modificado en sede parlamentaria y el caso de Vigo sea contemplado como una "excepcionalidad".
En su opinión, la reforma no tiene en cuenta "el nivel de litigiosidad" del partido judicial de la ciudad, que "quintuplica en número de asuntos al de Pontevedra"; su demografía, que triplica respecto a la capital de la provincia; ni otros indicadores de carácter socio-económico.
