El Tribunal de Cuentas insta a la SEPI a hacer cumplir "sin más demora" los compromisos pactados en su día con General Dynamics
MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las condiciones en las que finalmente se produjo la venta de Santa Bárbara no se han ajustado a los términos del acuerdo del Consejo de Ministros del Gobierno Aznar en el año 2001 por el que se autorizó su privatización, y ello ha generado un sobrecoste de la operación de al menos 200 millones de euros, según concluye el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización sobre esta venta, que acaba de ser remitido al Congreso.
La Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares fue vendida por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la multinacional estadounidense General Dynamics Corporation (GD), decisión aprobada por acuerdo de Consejo de Ministros en marzo de 2001 por un importe de unos cinco millones de euros.
En el informe del órgano fiscalizador, al que tuvo acceso Europa Press, se explica que, tras la venta, se adquirieron con Santa Bárbara Sistemas compromisos de compra de munición por 180,30 millones y se aportaron 11,17 millones para la protección de la tecnología del Programa Leopard y otros 25,69 millones para inversiones, cuando la cantidad autorizada era de 18 millones de euros.
A su juicio, estas incidencias ajenas al acuerdo de 2001 han producido un incremento en el coste de la operación en 199,14 millones de euros, a lo que habría sumar el valor de las participaciones de las sociedades Fábrica de Armas de la Coruña (FACOR) y la Fábrica Española de Balastros Electrónicos (FEBESA), que inicialmente estaban excluidas de la operación y que también se incluyeron después de la venta, cuyo importe hoy en día no es posible determinar, así como el importe de los créditos fiscales.
SE PODRÍA HABER SACADO MÁS.
Aunque el procedimiento de selección del comprador de Santa Bárbara puede considerarse "correcto" en función de las circunstancias de aquel momento, la entidad fiscalizadora entiende que el conocimiento previo de estos compromisos que después asumió la SEPI habría podido influir en la presentación de ofertas más beneficiosas para el Estado.
Por ello, el Tribunal de Cuentas recomienda que las operaciones relacionadas con la privatización de las empresas públicas se realicen de forma precisa, para que las actuaciones y compromisos de la compraventa se ajusten rigurosamente a lo autorizado por el Consejo de Ministros.
También aconseja que las condiciones de la oferta de venta de los activos a privatizar no se modifiquen con posterioridad a la selección del comprador mediante negociaciones con el seleccionado, ni se suscriban nuevos documentos que puedan dar lugar a modificaciones de las cláusulas iniciales o introduzcan alteraciones en las obligaciones de los contratantes.
Según los cálculos del Tribunal de Cuentas el coste de la privatización de Santa Bárbara asciende, hasta el momento, a 499,68 millones de euros, de los que 267,9 corresponden a aportaciones económicas realizadas por la SEPI antes de la formalización del contrato, 47,4 millones al Plan Corrector, 1,70 millones a gastos directos, 181,7 al Plan de Municionamiento y 890.500 euros a reclamaciones laborales y de Seguridad Social.
Esta cifra, agrega el tribunal, podría verse incrementada como consecuencia de los compromisos asumidos por SEPI por responsabilidades económicas aún pendientes relacionadas con cuestiones laborales, fiscales y de Seguridad Social y por las que pudieran producirse por el exceso de déficit respecto a los márgenes de rentabilidad esperados del Programa Leopard.
Por contra, los ingresos que, por la privatización de Santa Bárbara ha obtenido la SEPI se cifran en esos cinco millones de euros.
RETRASOS DE GENERAL DYNAMICS.
En cuanto al cumplimiento por parte de General Dynamics de los compromisos asumidos en su Plan Industrial, el Tribunal de Cuentas constata que tanto el auditor como la SEPI han puesto de manifiesto que existen "significativos retrasos en la realización de las inversiones comprometidas y en la aportación de negocio por parte del comprador".
Por último, la entidad que preside Ubaldo Nieto denuncia el "importante retraso" en el cumplimiento del Plan Corrector ya que, con arreglo a lo pactado, el 67,9% de su presupuesto debería haber estado invertido y justificado, en principio, en el mes de julio de 2005 y, un año después, aún no ha emitido el auditor su certificado sobre la aplicación de la totalidad de las sumas transferidas. De igual forma, los 15.222 miles de euros que no se han entregado todavía a SBS, han de estar aplicados y justificados en julio de 2007.
A este respecto, el informe concluye recomendando a la SEPI que realice las actuaciones precisas para que, a la mayor brevedad posible, "queden cumplidos los compromisos relacionados con el Plan de Municionamiento, resarciéndose SEPI de los gastos producidos", y para que, "sin más demora, se cumplan los compromisos relacionados con el Plan Industrial y finalice la aplicación del Plan Corrector cuyo plazo de ejecución ha quedado superado ampliamente".
