SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Secretaría Xeral de Relacións Exteriores de la Xunta convocó hoy una reunión interdepartamental con representantes de las consellerías implicadas con la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que condena a España por restringir la libre prestación de servicios en el transporte marítimo en la ría de Vigo, con el objetivo de analizar cómo acatar la sentencia con garantías de que se salvaguardan los intereses de los usuarios.
El encuentro congregó a miembros de la Asesoría Jurídica General y de los departamentos de Economía, de Política Territorial y de Medio Ambiente, que realizaron un primer estudio de la situación y programaron las acciones que el Gobierno llevará a cabo para asegurar el acatamiento de la sentencia.
El propio presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, había anunciado hoy un "análisis a fondo" del dictamen del tribunal comunitario para garantizar que el respeto a su decisión no "daña" a los usuarios del transporte.
Según la sentencia, que se conoció hoy, la Ley de declaración de servicio público de titularidad de la Xunta no respeta el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los estados miembro. Además, la decisión no admite recurso, de modo que la normativa resulta inaplicable, conforme a los fundamentos básicos del Derecho Comunitario.
En consecuencia, en el trámite de ejecución, el Ejecutivo autonómico se ha comprometido a promover los trámites formales, tanto legislativos como administrativos, para concordar el ordenamiento jurídico gallego con el europeo.
De igual forma, Galicia impulsará una negociación con la Comisión Europea para garantizar la "correcta prestación" del servicio de transporte público marítimo en la ría de Vigo, adecuándolo estrictamente al marco jurídico comunitario y conciliando el acatamiento de la sentencia con la preservación de una oferta adecuada.
