PONTEVEDRA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
Varias asociaciones de productores de mejillón que ejercen su actividad en la Ría de Pontevedra anunciaron hoy la puesta en marcha de medidas "políticas, jurídicas y sociales" para expresar su rechazo al pago de una tasa --que ronda los 300 euros-- que les pretende cobrar la Autoridad Portuaria de Marín por el fondeo de sus bateas.
Los miticultores se reunieron con el presidente de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra y con el representante de Puertos del Estado para transmitirles su desacuerdo con esta medida. Así, el presidente de la Sociedad Cooperativa de Mejilloneros de Bueu (Socomebu), Xulio Villanueva, recomendó a sus asociados "que de momento no paguen".
Los miticultores afectados pertenecen a las agrupaciones Arousa Norte, Agame y Opmega. Villanueva aseguró que "todos están unidos" en esta causa, que consideran "contradictoria". Para el presidente de Socomebu los propietarios de bateas son "concesionarios o inquilinos de la Xunta, a través de la Consellería de Pesca" y achacan la situación a un "conflicto de competencias entre la Administración autonómica y central".
Como alternativa, los productores de mejillón propusieron a la Autoridad Portuaria y a Portos "que la Xunta asuma la titularidad de estos polígonos de bateas". Xulio Villanueva consideró que "existen sentencias a favor de considerar que estas aguas son propiedad de la Xunta y no de Puertos del Estado".
Xulio Villanueva también destacó la disparidad de criterio entre los diversos puertos de Interés General, ya que en Vilagarcía no se aplica esta tasa, a diferencia de Vigo, donde los propietarios de bateas "recurrieron todos", señaló el presidente de Socomebu.
Villanueva aseguró que a los afectados en la Ría de Pontevedra se les exige el pago de la tasa con efecto retroactivo a los años 2004 y 2005. "La factura de 2004 viene sin IVA", afirmó, una circunstancia que "es casi ilegal o roza la ilegalidad".
En el área de incidencia de la Autoridad Portuaria de Marín hay unas 450 bateas a las que se exige este impuesto "por ocupar aguas exteriores del puerto". Además, Villanueva manifestó también su disconformidad con los criterios que se aplican para justificar el cobro. "Una batea no es un buque que se mueve libremente, sino que está fija", aseveró.
