UGT no descarta convocar una huelga si continúa sin desarrollarse el Estatuto que afecta a 40.000 funcionarios de las islas
PALMA DE MALLORCA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
Alrededor de 60 funcionarios de Baleares se concentraron este mediodía en Palma, frente a la Delegación del Gobierno para exigir al Ejecutivo central un "impulso" del Estatuto Básico del Empleado Público, después de que "no haya sido desarrollado", pese a aprobarse en el 2007, lo que, según criticaron, supone un "incumplimiento constitucional".
Durante la concentración, el responsable de UGT de los empleados públicos, Aurelio Martínez, no descartó la convocatoria de una huelga si el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero continúa sin desarrollar el citado Estatuto, que, según apuntó, afecta a 40.000 funcionarios de las islas, tanto de las administraciones central, autonómica y local, como de la sanidad, educación, cuerpos nacionales del Estado, Policía y Correos.
Martínez recordó que el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado hace dos años, desarrolla la carrera administrativa pública en general, tanto de la administración local, como la autonómica y central y, sin embargo, criticó que el Ministerio de Administraciones Públicas, dirigido hasta la semana pasada por Elena Salgado, actual vicepresidenta económica, no ha dado ningún paso para ponerlo en marcha.
"Nos ha pillado a contrapié los cambios en el Gobierno, pero las reivindicaciones siguen siendo las mismas, ya que intentamos que el Ejecutivo impulse un Estatuto que modernice las administraciones públicas para que éstas sean un fiel reflejo de la sociedad moderna que tiene que ser España", remarcó Martínez.
En similares términos se expresó el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Baltasar Piñeiro, quien recalcó que la Constitución Española, aprobada en 1978, obliga a los poderes públicos a crear el Estatuto Básico del Funcionario Público, algo que, según indicó, no se hizo hasta el 2007.
A pesar de ello, criticó que continúa sin desarrollarse, lo que, a su juicio, ha provocado que los trabajadores públicos hayan estado "sufriendo subidas salariales por debajo de lo que ha sido la tónica de aumento del IPC en los últimos años". "Los funcionarios se encuentran con que 30 años después de aprobarse la Constitución, continúan sin contar con un Estatuto que les ampare, tal como existe en el mundo laboral privado", lamentó.
SITUACIÓN DE "EXTREMA GRAVEDAD"
De este modo, calificó de "extrema gravedad" que ni el Gobierno central ni el Parlamento "cumplan con un mandato constitucional" y, en esta línea, confió en que con el cambio de Ministerio (la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega ha asumido el área de Función Pública), se dé un "empuje" al Estatuto "y no se pida más sacrificios al funcionario poniendo en riesgo los servicios públicos".
Piñeiro resaltó que con el desarrollo de esta norma, se "igualaría" a todos los empleados públicos "con independencia de que pertenezcan a la administración central, a la autonómica o a la local" y, en esta línea, Martínez precisó que los funcionarios no están exigiendo mejoras para ellos, sino que "se deje bien claro cómo se accede a la administración pública y cuál es la carrera profesional, así como que se dote con más medios a los empleados públicos para servir a los ciudadanos".
Por otro lado, el dirigente de UGT acusó al Ejecutivo central de "dejar sin efecto la posibilidad de tener una administración pública eficaz, democrática, ágil y al servicio de los ciudadanos", después de que lleve dos años "sin desarrollar ningún precepto del Estatuto Básico", que, según recordó, es una norma básica que se tiene que desarrollar por leyes y reglamentos.
Así, explicó que cada Comunidad Autónoma debe aprobar su propia Ley de Función Pública, algo que, según criticó, no ha hecho ningún territorio. En el caso de Baleares, Martínez recordó que se está en la última fase de las negociaciones, por lo que esperó que esta normativa se apruebe durante esta legislatura.
