Los datos disponibles no permiten calcular el ahorro derivado de la reestructuración ni los costes de indemnizaciones por despidos
PALMA DE MALLORCA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
Baleares redujo la cifra de entidades dependientes, como consorcios, empresas públicas y otros organismos, en un 68,8% desde 2010 hasta 2016, según el último informe de la Sindicatura de Comptes, entregado este martes al Parlament.
Al inicio de 2010, el sector público instrumental de Baleares -teniendo en cuenta los organismos con participación mayoritaria de la Comunidad Autónoma y excluyendo a la UIB- estaba formado por 141 entidades, pero al cierre de 2016 la cifra había pasado a 44.
Las entidades extinguidas en el periodo 2010-2016 han sido 102: dos organismos autónomos, siete entidades públicas empresariales, 12 sociedades mercantiles (diez por extinciones y dos por transformaciones en entidades públicas empresariales), ocho fundaciones y 75 consorcios.
Teniendo en cuenta las creaciones de nuevas entidades (ocho) y las transformaciones y separaciones de la Comunidad Autónoma (tres), el balance final es el siguiente: en cuanto a los organismos autónomos han pasado de seis a cinco organismos, que supone una disminución del 16,7%; las entidades públicas empresariales han pasado de 16 a 13 (disminución del 18,7%); las sociedades mercantiles han pasado de 14 a dos (disminución el 85,7%); las fundaciones han pasado de 19 a 11 (disminución del 42,1%) y por último, los consorcios han pasado de 86 a 13 al cierre del ejercicio 2016, que ha supuesto una disminución del 84,9%.
Algunas de las entidades que han desaparecido en este periodo son, entre otras, la Agencia de Salud Pública de Baleares (creada y extinguida en 2011); el Instituto de Estrategia Turística (Inestur); Desenvolupament Digital Balear, SL; Fires i Congressos de Balears, SA (FICOBALSA); Tramvia de la Badia de Palma, SA (TRAMBADIA); o las Fundaciones de varios hospitales públicos y Gestión Sanitaria de Mallorca (Gesma), que fueron integradas en el IbSalut -si bien a día de hoy continúan dadas de alta en el registro de Fundaciones, como ha alertado la Sindicatura-.
NO ES POSIBLE CALCULAR EL AHORRO
En su informe, la Sindicatura señala que los datos disponibles no permiten cuantificar los ahorros en materia de recursos humanos y gastos de personal derivados de esta reordenación.
Si bien el conjunto de las retribuciones y el número de efectivos han disminuido, las bajadas en el capítulo de personal también podrían deberse al descenso generalizado de retribuciones acordado por el Govern para toda la Administración autonómica.
Igualmente, la Sindicatura tampoco dispone de suficiente información para conocer cuál ha sido el coste final de la reducción de efectivos que acabaron en los tribunales, con sentencias desfavorables para la Administración, que comportaron readmisiones, el pago de salarios de tramitación o indemnizaciones al personal afectado.
Según datos aportados por la Abogacía de la Comunidad, el coste de las reclamaciones de 72 trabajadores en las que ha intervenido el Govern asciende a un importe de 3,1 millones, pero estos datos "no contienen el total de las situaciones derivadas de los despidos". Igualmente, "hay otras sentencias desfavorables a la CAIB de las cuales no se aporta información", apunta la Sindicatura.
